Nueva Zona Roja en Mar del Plata: "Nos sacan como cucarachas y nos mandan adonde funciona un basurero"
Entrevistamos a Victoria DiSalvo, de la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual. El conflicto por la nueva zona roja marplatense no se solucionó. "Es un escándalo que debería provocar renuncias", afirmó. Apuntó contra el intendente de Juntos, Guillermo Montenegro, y aseguró que el Frente de Todos tampoco las apoyó. "El Ministerio de Género no hizo nada", lanzó. En La Plata se avecina una medida similar.
Por Ramiro Pablo Gómez - Twitter
Una ordenanza municipal estipuló una zona roja en Mar del Plata como único espacio permitido para que las trabajadoras sexuales ejerzan la actividad. Si no cumplen tienen penas esconómicas y hasta podrían ir presas. Ellas se oponen a la medida legislativa, entre otros motivos, porque está alejada del centro junto a un basural y dos cementerios. Propusieron otros lugares pero fueron rechazados.
- Hay una ordenanza que rige desde el sábado pasado que delimita un espacio público para ejercer su trabajo y ustedes no están de acuerdo. Contanos ¿Qué es lo cuestionan del espacio asignado?
Nosotras a lo largo de este último año mantuvimos reuniones con el municipio en donde hemos propuesto zonas como la Plaza Rocha, Champagnat, Luro, la ruta 88 que es el acceso a la ciudad y nos habían dicho que había posibilidades de conseguirlas pero lo que pasó fue que se aprobó un proyecto donde le dieron la potestad al intendente Montenegro de decidir a dónde van las zonas rojas.
El lugar que fue elegido es un descampado, un baldío, donde no hay ninguna seguridad. El gobierno no puede decirte con el dedo “anda para allá”. Es una zona lejana, tenemos horario de 22 a 06 y algunos colectivos ni siquiera pasan. Es muy difícil llegar o irse. Es una política pensada para el vecino y no para las trabajadoras sexuales.
- ¿Qué dimensión tiene el espacio delimitado y cuántas trabajadoras hay?
Es de casi 300 metros. En Mar del Plata hay unas 200 trabajadoras de calle según un censo que se hizo en la pandemia. Es decir, que hay casi un metro para cada trabajadora.
Nosotras creemos que Montenegro siempre supo que esto no iba a funcionar. Eso me parece lo más político o interesante. Lo que buscó el intendente fueron votos porque él es abogado y no puede desconocer que un municipio no pueda regular una actividad que no es compatible con una ley federal. Lo que hizo Montenegro es tratar de hacer parecer que solucionaba un problema para decir que la justicia no lo deja actuar pero siempre supo que era un escenario ilegislable. A los vecinos les mintió en la cara diciendo que iba a solucionar el problema.
- Los vecinos que están de acuerdo con la ordenanza argumentan que sus propiedades se devalúan si ejercen la actividad frente a ellas ¿Qué opinas?
Empatizamos con el vecino, nadie quiere una zona roja en su casa, pero nadie quiere estar en una esquina “cagándose” de frio. Al vecino se le devalúa la propiedad pero la trabajadora sexual ni siquiera tiene una propiedad. Por un lado tenemos una persona que se le devalúa la propiedad, y del otro, una persona trans migrante, trabajadora sexual, algunas con VIH, atravesadas por un montón de vulnerabilidades. Entonces, ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué la vida de esas personas sea vivible o que una propiedad tenga cierto valor?
Nos barren, nos corren, nos sacan como cucarachas y nos mandan donde funciona un basurero y dos cementerios. Es un escándalo institucional que debería provocar renuncias.
- Ustedes propusieron como una de las alternativas, una zona comercial, donde en el horario dispuesto ya están los comercios cerrados
Las zonas que propusimos respetan el espíritu de la ordenanza que es sin frentistas, que no haya casas cerca. Nosotras estamos atacando al intendente de Juntos porque es el máximo responsable pero el Frente de Todos también participó en la elaboración de la ordenanza y solo se opuso a la criminalización pero estuvo de acuerdo en todo el resto. Es un tema que la política se quiso sacar de encima. Es una papa caliente que nadie quiso agarrar.
- Hay un ministerio de las mujeres a nivel provincial y nacional. ¿Intervino, no lo hizo, debería?
El ministerio bonaerense de Género no ha hecho nada. Debería intervenir. No se han pronunciado ni rechazado esto. El peronismo tiene responsabilidad política pero no quieren pagar el costo. El sábado éramos la policía contra las prostitutas como si no hubiéramos pasado por una revolución feminista.
Desde Derechos Humanos nos prometieron que nos iban a acompañar pero estaban en la nueva zona roja cuando el conflicto está en otro lado. Estaban a 15 kilómetros del conflicto.
- ¿Cómo es el vínculo con la policía?
Se viene agravando la violencia policial. A una compañera le labraron la primera acta y fue multada, a otra la pasearon en el patrullero y le sacaron el chip del celular. Hay compañeras que ni siquiera saben qué está pasando y tenemos que advertirles que cuando venga la policía tienen que caminar.
- ¿Cómo está la situación actualmente?
El municipio dice que el conflicto se solucionó porque no hay trabajadoras sexuales pero no están porque hay 15 patrulleros. Este problema en un mes, emerge de vuelta, pero con un clima más pesado porque las trabajadoras sexuales van a tener hambre.
Este debate se tiene que dar primero en cámara de diputados, senadores. No pueden existir leyes municipales que vayan contra las federales. Es una payasada.
- ¿Es una medida inédita para la Provincia esto de regular el espacio público para la actividad sexual o se hace en otros lugares?
Hubo una experiencia similar en los 90 en Rio Gallegos cuando gobernaba Néstor Kirchner. Había prostíbulos y el municipio los tomaba como propios y, prácticamente, los regenteaba el municipio. Los prostíbulos tributaban para el municipio.
Después pasó lo de Marita Verón, la ley de trata, y ha cambiado el paradigma pero que un municipio regule la actividad callejera es inédito. Están queriendo replicarlo en La Plata donde está este mismo debate. No es casualidad que en ambas ciudades este Juntos por el Cambio.
- Según la ordenanza podrían ser penadas con multa económica o penal si están paradas en un lugar que no es el indicado. Ahora, ¿Qué pasa si están caminando?
Caminar no es delito. No sé qué contestarte porque esto le da un montón de arbitrariedad a la policía porque es la que decide si estas ejerciendo o no pero si hay 15 patrulleros ningún cliente va a parar. Esto habilita violencia institucional.
También es un problema de clase porque la que se pueda pagar su departamento trabaja tranquila pero la puta callejera va presa.
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