El ex senador del Bloque Union Celeste y Blanco, Antonio Armando Nieto, fue condenado por Defraudación a la Administración Pública por hechos cometidos entre los años 2008 y 2011 que generaron un importante daño patrimonial a las arcas públicas.

También fueron condenados los secretarios administrativos de ese bloque su hijo Leonardo Damián Nieto y Alfredo Fabián Digiano. La condena fue dictada por el Juzgado en lo Correccional 4 de La Plata a cargo de la jueza Claudia Greco.

Según informó 0221.com.ar, al ex senador le cabe la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos; tres años y seis meses e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos a Leonardo Nieto y dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos a Digiano.

Los nombrados utilizando datos personales de personas de bajos recursos económicos y con el engaño de que obtendrían la obra social IOMA eran designados como empleados del bloque político que proponía como empleados el senador Nieto, sabiendo que no prestarían funciones en el Senado. De tal modo una vez designados retenían sus tarjetas de débito para el cobro y cobraban para si sus salarios.

Las personas engañadas nunca cobraron ni trabajaron en la cámara de Senadores. La maniobra fue descubierta pues una persona que figuraba como empleado quiso tramitar la asignación familiar por hijo, tomando conocimiento en ese momento que figuraba como empleado del senado.

El ex senador bonaerense que accedió al cargo en una lista de Unión Celeste y Blanco (luego Unión-Pro, el sello utilizado por Francisco de Narváez y Mauricio Macri en 2007). Nació el 21 de octubre de 1953. Fue electo Senador provincial por el partido Unión Celeste y Blanco en representación de la Tercera sección electoral en 2007. Fue nombrado vicepresidente de las comisiones de Organización Territorial y Vivienda, Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo Humano y Vocal en las comisiones de Obras y Servicios Públicos, Hacienda, Trabajo y Legislación Social, Igualdad Real de Trato y Oportunidades, Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Técnica y Presupuesto e Impuestos.

Según se estableció en el expediente la maniobra generó “un perjuicio patrimonial, al Erario Público Provincial por una suma superior a los dos millones y medio de pesos”, se determinó en la causa penal. Entre los años 2008 y 2011 el valor promedio del dólar oficial era de $3,75. En esta causa el fraude en perjuicio de las arcas del Estado provincial, en moneda dura, asciende a más de 660 mil dólares.