Desde el 26 al 29 de mayo del año próximo, en dependencias del Tribunal en lo Criminal N° 2 de Bahía Blanca, se realizará el debate oral y público donde estarán los acusados Ángel Daniel Gallardo y el ex subcomisario Martín Omar Ñancucheo.Gallardo llega a juicio acusado del delito de tentativa de robo agravado en despoblado y en banda, mientras que a Ñancucheo se le imputó el delito de tentativa de robo doblemente agravado en despoblado y en banda, por ser funcionario policial y peculado de bienes y servicios.Quedó probado en la investigación que “El Viejo” Gallardo, como lo conocía, era el líder de la banda, y el policía era quien brindaba la protección. Cabe recordar que en el apuro, Ñancucheo olvidó su handy en la camioneta en la que trasladaron a los cadáveres del resto de la banda que había sufrido una descarga eléctrica.<figure class="image"><img src="https://lanoticia1cdn.eleco.com.ar/media/2024/05/roba_cables_bahia_blanca_subcomisario.jpeg" alt="roba cables bahia blanca subcomisario"><figcaption>Foto: Rodrigo García-La Nueva.</figcaption></figure>En relación al resto de los acusados -Emanuel Alejandro Chamorro Sepúlveda, Jonathan Mauricio Gutiérrez y Ricardo Ezequiel Gómez- se presentaron acuerdos de juicios abreviados que se encuentran pendientes de resolución, informó la <a href="https://agenciadenoticiasjudiciales.com/">Agencia de Noticias Judiciales</a>.Según la causa investigada por la UFIJ N° 18 a cargo del fiscal Gustavo Zorzano, el hecho se produjo el día 6 de mayo del presente año cuando los acusados junto a otras personas llegaron en dos vehículos hasta el establecimiento “San Bautista del Sur”, ubicado en zona rural de Tres Picos, Partido de Tornquist, km. 45,5 de la Ruta Nacional N°33, donde atraviesa la línea de energía eléctrica de media tensión: ‘Tornquist Bahía Blanca’, perteneciente a la empresa EDES S.A con el objeto de proceder a la sustracción de los conductores de cobre del tendido eléctrico.En esas circunstancias, mientras algunos de ellos maniobraban los conductores de cobre a fin de proceder a su corte, recibieron una descarga eléctrica que derivó en el fallecimiento por electrocución de Facundo Marcelo Uribe, Nicolás Joaquín Acosta, Federico Ezequiel Strick y Fernando Adrián Gallardo.Ante esa situación y al no poder concretar el robo, se dieron a la fuga del lugar siendo advertidos por personal del Comando de Prevención Rural del Partido de Tornquist, que realizaba tareas de prevención, iniciando una persecución que terminó en el sector de la Guardia de Hospital Municipal Dr. Leónidas Lucero.

El subcomisario a juicio por el robo de cables en Tornquist donde murieron cuatro personas

Las pericias se hicieron sobre los restos encontrados en dos tumbas que fueron exhumadas en el cementerio de General Lavalle, provincia de Buenos Aires, a partir de un testimonio brindado con reserva de identidad.El trabajo estuvo a cargo de Lisando Laborde, del Servicio de Análisis Comparativo de ADN de la Asesoría Pericial de La Plata. La causa de la búsqueda está a cargo del fiscal de la UFI 3 de La Plata, Gonzalo Petit.“Una vez más se hace una búsqueda para encontrar a mi hijo sin resultados. El 17 de agosto se cumplieron 31 años desde que Miguel fue desaparecido por la policía. No vamos a bajar los brazos y no vamos a parar de buscarlo hasta saber dónde está. Quien tenga algún dato puede brindarlo bajo reserva de identidad”, afirmó Rosa Bru, y recordó que hay una recompensa de 5 millones de pesos dispuesta por el gobierno de la provincia de Buenos Aires a quien aporte información fehaciente y con reserva de identidad que permita encontrar a Miguel Bru.<figure class="image"><img src="https://lanoticia1cdn.eleco.com.ar/media/files/miguel-bru-vigilia.jpg" alt="miguel-bru-vigilia.jpg"><figcaption>Rosa Bru</figcaption></figure>“Lamentablemente tuvimos que esperar más de seis meses para que la Asesoría Pericial de La Plata informe los resultados luego de que les llegaron los restos exhumados. Todo este tiempo estuvimos esperando con todas las expectativas de que esta sea la última búsqueda y poder encontrar a mi hijo”, agregó. “Después de tantos años lo menos que puedo esperar de parte de la justicia es que no demoren tanto tiempo en poder dar una respuesta” reclamó la mamá de Miguel.La exhumación de dos tumbas en el cementerio de General Lavalle fue en mayo de este año. Fue el rastrillaje número cuarenta y uno y lo realizó la Policía Científica. En octubre de 2023 se había realizado la primera etapa de la búsqueda en el mismo cementerio, informó la <a href="https://asociacionmiguelbru.org.ar/">Asociación Civil Miguel Bru</a>.El 17 de agosto se cumplieron 31 años desde que Miguel fue torturado, asesinado y desaparecido en la Comisaría Novena de La Plata.En un fallo inédito, en 1999 se logró la condena por homicidio en un caso de desaparición a los ex policías responsables del crimen, pero la causa por la búsqueda de Miguel continúa abierta ya que nunca aportaron un dato para encontrarlo. El único detenido en la actualidad es el ex policía Justo López, en la Unidad Penal de Florencio Varela.El rastrillaje anterior fue en julio de 2023 en una casa donde vivió Walter Abrigo, el ex policía que junto a Justo López fue condenado a perpetua por la desaparición de Miguel, y que murió estando detenido.

Caso Miguel Bru: Dieron negativos los resultados de las pericias al cadáver exhumado en Lavalle

El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N°2 hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la <a href="https://cicop.org.ar/">Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP)</a> y ordenó a la dirección del Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” a reincorporar en su puesto de trabajo a un dirigente de CICOP que había sido cesanteado, mientras contaba con tutela sindical por ocupar el cargo de delegado.En su dictamen, la Justicia Federal estableció que la reinstalación debe darse “en las mismas condiciones laborales en las que se encontraba al momento de disponerse su despido”, con la consiguiente obligación de “abonar los salarios caídos y la continuidad de su pago, hasta la sentencia definitiva”.El secretario General de CICOP, Aníbal Aristizabal, explicó que “el compañero cesanteado trabaja en el Hospital Posadas como kinesiólogo desde el año 2006. El 17 de octubre de 2024 recibió una nota donde se le informó que su contrato había concluido el 31 de marzo de 2024. En ese momento, el despido fue efectuado mientras contaba con tutela sindical por ocupar el cargo de delegado en el sindicato de profesionales de la salud CICOP”.En sus argumentos, CICOP resaltó que la cesantía constituyó "una conducta antisindical y discriminatoria que vulnera la libertad sindical".Sobre este punto, el tribunal federal señaló que la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales prevé que “todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical garantizados por la presente ley, podrá recabar el amparo de estos derechos ante el tribunal judicial competente”.En línea con ello, agregó que la norma reza que “los representantes sindicales en la empresa elegidos de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la presente ley, continuarán prestando servicios y no podrán ser suspendidos, modificadas sus condiciones de trabajo, ni despedidos durante el tiempo que dure el ejercicio de su mandato y hasta un año más, salvo que mediare justa causa”.Por otro lado, observó que existe un evidente “peligro en la demora” por tratarse de una cuestión alimentaria, que justifica el dictado de una medida cautelar.“Desde CICOP celebramos esta resolución judicial y denunciamos que la ola de despidos en Salud forma parte de un plan sistemático de vaciamiento de la salud pública. El Gobierno Nacional aplica una y otra vez la motosierra en lugares sensibles del Estado, afectando el derecho a la salud de la población”, concluyó Aristizabal.

La Justicia Federal ordenó reincorporar a un dirigente del gremio CICOP despedido del Hospital Posadas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) decidió dar de baja la jubilación de privilegio que percibía la expresidenta Cristina Kirchner. La medida se tomó a raíz de la condena de segunda instancia en la Causa Vialidad, en la que se le declaró culpable de administración fraudulenta. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa, quien señaló que la orden provino directamente del presidente Javier Milei.<section class="noteSuggested" data-id="38902,38904" data-title="Puede interesarte"></section>Adorni detalló que la baja afecta tanto a la jubilación vitalicia que Cristina Kirchner recibía en su carácter de exmandataria, como a la pensión derivada del expresidente Néstor Kirchner. Esta decisión marca un precedente en la política argentina, ya que el beneficio de las "asignaciones mensuales vitalicias", que perciben exjefes de Estado, está regulado por la Ley 24018 de Jubilaciones y Pensiones. Según explicó el vocero, la ley establece esta jubilación como una contraprestación basada en el "honor, mérito y buen desempeño en el cargo".<div class="raw-html-embed"><blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">"Cristina": Porque el Gobierno dio de baja la jubilación de privilegio que percibía Cristina Kirchner <a href="https://t.co/fiII4AYNzn">pic.twitter.com/fiII4AYNzn</a>— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) <a href="https://twitter.com/porquetendencia/status/1857066483030827165?ref_src=twsrc%5Etfw">November 14, 2024</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div>En su declaración, Adorni fue contundente al justificar la decisión de revocar la asignación de Cristina Kirchner, señalando que "haber sido declarada autora del delito de administración fraudulenta representa lo contrario al honor, el mérito y el buen desempeño" que exige el beneficio. El funcionario agregó que este tipo de jubilaciones son un privilegio que, según el gobierno actual, "no debería existir en Argentina", y menos aún cuando la persona en cuestión ha sido condenada por fraude.<div class="raw-html-embed"><blockquote class="twitter-tweet">Algunos están consultando si la asignación de privilegio que cobran otras personas en similares condiciones se darán también de baja. La respuesta es la obvia: por supuesto. Fin.— Manuel Adorni (@madorni) <a href="https://twitter.com/madorni/status/1857070513870262352?ref_src=twsrc%5Etfw">November 14, 2024</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div>Minutos después del anuncio, y en sus redes sociales, el vocero aseguró que la medida también alcanzará a otros ex funcionarios que se encuentran, según precisó, "en similares condiciones". Si bien Adorni no dio nombres, la decisión del Gobierno alcanzará también al ex vicepresidente Amado Boudou. El también ex ministro de Economía fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en la causa Ciccone Calcográfica.<h3 style="margin-left:0px;">Las reacciones del arco político</h3><div class="raw-html-embed"><blockquote class="twitter-tweet">No tienen que existir privilegios para la condenada por corrupción. <a href="https://t.co/vWhFSRK8aB">https://t.co/vWhFSRK8aB</a>— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) <a href="https://twitter.com/mariuvidal/status/1857068314893115593?ref_src=twsrc%5Etfw">November 14, 2024</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div><div class="raw-html-embed"><blockquote class="twitter-tweet">CRISTINA KIRCHNER EN UNA DE LAS PEORES SEMANAS DE SU CARRERA POLITICA <a href="https://t.co/4wfyAisa0n">pic.twitter.com/4wfyAisa0n</a>— Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) <a href="https://twitter.com/RAMIROMARRA/status/1857070573341245747?ref_src=twsrc%5Etfw">November 14, 2024</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div><div class="raw-html-embed"><blockquote class="twitter-tweet">Perfecto. Chorra. <a href="https://t.co/MonypDf2l2">https://t.co/MonypDf2l2</a>— José Luis Espert (@jlespert) <a href="https://twitter.com/jlespert/status/1857071932044128475?ref_src=twsrc%5Etfw">November 14, 2024</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div><div class="raw-html-embed"><blockquote class="twitter-tweet">Más de 20 millones de pesos por mes salen del bolsillo de una condenada y vuelven a los argentinos. Una vez más, el Presidente <a href="https://twitter.com/JMilei?ref_src=twsrc%5Etfw">@JMilei</a> terminando con los privilegios de la casta.— Luis Petri (@luispetri) <a href="https://twitter.com/luispetri/status/1857075242511831343?ref_src=twsrc%5Etfw">November 14, 2024</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div><div class="raw-html-embed"><blockquote class="twitter-tweet">EL QUE LAS HACE, LAS PAGA Ayer, la Justicia confirmó la condena de Cristina Kirchner por corrupta, y hoy se le quitaron las jubilaciones de privilegio. MOMENTO HISTÓRICO PARA LA ARGENTINA: DEJAMOS ATRÁS LOS BENEFICIOS INMERECIDOS DE QUIENES ABUSARON DEL PODER Y TRAICIONARON Y…— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) <a href="https://twitter.com/PatoBullrich/status/1857086938706051239?ref_src=twsrc%5Etfw">November 14, 2024</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div><div class="raw-html-embed"><blockquote class="twitter-tweet">Como todo gobierno de cobardes ni siquiera es creativo. Pueden hacer con Cristina lo mismo que hicieron con Perón y Evita en 1955. Pero aunque la despojen hasta de sus zapatos, nunca le van a llegar ni a los talones. 🤷‍♀️ <a href="https://t.co/zP61xv2gQg">pic.twitter.com/zP61xv2gQg</a>— Juliana di Tullio (@ditulliojuli) <a href="https://twitter.com/ditulliojuli/status/1857088109294326187?ref_src=twsrc%5Etfw">November 14, 2024</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div>

El Gobierno anunció que "por orden de Milei" da de baja la jubilación de privilegio y la pensión de Cristina Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó este miércoles la condena de seis años de prisión a Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el caso Vialidad. Además de la pena de prisión, la expresidenta recibió una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. La maniobra fraudulenta, que involucró la asignación irregular de obras viales a empresas vinculadas a Lázaro Báez, provocó un perjuicio de 85.000 millones de pesos. Sin embargo, la sentencia no será ejecutada de manera inmediata, ya que deberá ser revisada por la Corte Suprema, que tiene la última palabra en el caso.<section class="noteSuggested" data-id="38904" data-title="Puede interesarte"></section>La Sala IV de Casación, formada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, ratificó las condenas a Kirchner, Báez, José López, y otros implicados, por la adjudicación irregular de 51 contratos viales entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz. Estos contratos fueron otorgados en su mayoría al Grupo Austral, propiedad de Báez, quien obtuvo un trato preferencial que le permitió cobrar obras inconclusas y sin la debida supervisión. Los jueces también avalaron la hipótesis de que hubo una estructura defraudatoria que benefició a las empresas de Báez a través de pagos anticipados y adelantos financieros.<div class="raw-html-embed"><blockquote class="twitter-tweet">Yendo a Moreno, donde voy a compartir una actividad con la intendenta Mariel Fernández y 400 mujeres. Nos vemos ❤️ <a href="https://t.co/BttUXNQTrx">pic.twitter.com/BttUXNQTrx</a>— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) <a href="https://twitter.com/CFKArgentina/status/1856692610758287619?ref_src=twsrc%5Etfw">November 13, 2024</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div>Aunque la condena fue unánime, el juez Gustavo Hornos votó por la inclusión del delito de asociación ilícita, pero su opinión no fue compartida por sus colegas. Por otro lado, el fallo incluyó la absolución de varios acusados, como Julio De Vido y Abel Fatala, y el sobreseimiento de Carlos Santiago Kirchner por prescripción. El caso sigue siendo uno de los mayores escándalos de corrupción relacionados con la obra pública, en el que se destaca la falta de control en la adjudicación de contratos y el funcionamiento de un circuito de irregularidades que involucró a diversos funcionarios.

Casación confirmó la condena a Cristina Kirchner: 6 años de prisión y nunca más podrá ser candidata

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó este martes un proyecto clave impulsado por el camporista Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP), que reduce al 5% la sobretasa aplicada sobre la Tasa de Justicia. Esta sobretasa, actualmente del 10%, representa una carga económica significativa para quienes necesitan iniciar procesos judiciales, ya que no se destina a mejorar el sistema judicial sino a financiar la Caja de Previsión Social para Abogados de la provincia.<div class="raw-html-embed"><blockquote class="twitter-tweet">💬 — El diputado Facundo Tignanelli sobre el proyecto para reducir al 5% la sobretasa que pagan los ciudadanos al acceder a la Justicia, y destinar sus fondos al pago de prestaciones de los afiliados y no para viáticos, gastos operativos o administrativos. <a href="https://t.co/HcQfASzBfJ">pic.twitter.com/HcQfASzBfJ</a>— Diputados Unión por la Patria - PBA (@diputadosuxp_ba) <a href="https://twitter.com/diputadosuxp_ba/status/1856489449372180482?ref_src=twsrc%5Etfw">November 13, 2024</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div>De acuerdo a lo que indicaron desde el bloque de UxP, el proyecto busca aliviar el costo de acceso a la Justicia, ya que la sobretasa debe ser abonada obligatoriamente por cualquier persona que requiera iniciar trámites judiciales, afectando así el derecho de acceso a la justicia consagrado en la Constitución Nacional. Los altos costos del trámite, sumados a esta sobretasa, se han convertido en una barrera que dificulta tanto el inicio como la continuidad de los procesos judiciales.Según los fundamentos del proyecto, la recaudación de la sobretasa “no guarda relación directa con la prestación de servicios judiciales, ya que no se destina a su mejora” y en su lugar representa “una carga económica adicional para quienes necesitan resolver sus problemas en la Justicia”. La iniciativa también establece que los fondos recaudados deberán utilizarse exclusivamente para las prestaciones de los afiliados, excluyendo gastos operativos, viáticos y otros usos administrativos de la Caja.<section class="noteSuggested" data-id="38890,38892" data-title="Puede interesarte"></section>La iniciativa no fue bien recibida por la Caja de Abogados, que depende en parte de estos fondos. Gabriel Picón, director de la Caja, se expresó en contra de la medida a través de sus redes sociales, destacando que “la previsión social es obligatoria, esencial y se basa en el principio de solidaridad”. La institución señaló que en el ejercicio 2023-2024, los ingresos por esta sobretasa representaron $673 millones, equivalentes al 2,85% del total de su recaudación, fondos de los cuales tiene libre disponibilidad.

Avanza en Diputados la quita de una tasa judicial que encarece los trámites: ¿Se facilitará el acceso a la Justicia?

El tribunal deberá resolver si confirma la condena de la dos veces Presidenta de la Nación, si eleva a 12 años el tiempo de prisión por entender que también es culpable del delito de asociación ilícita, tal como solicitaron en su apelación los fiscales, o bien si revoca su condena y decreta su absolución.En un documento denominado "Clarín, La Nación, Los Copitos y el delito imposible", Cristina Fernández de Kirchner acusó a los magistrados de estar cumpliendo la "orden impartida por Clarín", luego de que el medio publicara, tras el intento de asesinato en su contra, el titular: "La bala que no salió y el fallo que sí saldrá"."Si no me mataron, tengo que estar presa", resaltó la ex mandataria en el texto que difundió en la previa de que se dé a conocer la decisión de Casación sobre el fallo en su contra."En esta oportunidad ´Los Copitos de Comodoro Py´ son Mariano Borinsky, que jugaba al tenis con Mauricio Macri en Olivos; Gustavo Hornos, que visitaba a Macri en la Rosada y que está denunciado por acoso sexual y violación", aseveró.Asimismo, afirmó que buscarán "proscribirla", y añadió: "Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder. Desde muy joven he militado en el peronismo y trabajado para lograr una Argentina más justa y más humana, y una Nación que construya Patria. ¿Y saben qué? Pienso seguir haciéndolo".<div class="raw-html-embed"><blockquote class="twitter-tweet">"Los Copitos de Comodoro Py" otra vez en acción. <a href="https://t.co/BdXJkO4Kx5">https://t.co/BdXJkO4Kx5</a> <a href="https://t.co/lEdH50zzPw">pic.twitter.com/lEdH50zzPw</a>— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) <a href="https://twitter.com/CFKArgentina/status/1856442014423814498?ref_src=twsrc%5Etfw">November 12, 2024</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div><section class="noteSuggested" data-id="26500,25103" data-title="Puede interesarte"></section>

"Si no me mataron, tengo que estar presa": Se conoce el fallo contra Cristina por la causa Vialidad

La audiencia del miércoles, donde se conocerá el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que revisará la condena a seis años de prisión de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, duraría sólo media hora, ya que se leerá lo sustancial de los antecedentes del caso y la resolución de los jueces.La jornada será presidida por el juez Gustavo Hornos, y estará acompañado por sus colegas Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky.&nbsp;Hornos tiene previsto leer una parte sintética de la sentencia, que en total ya supera las 1800 páginas y sigue incrementándose con el correr de las horas, a medida que avanza la relectura y las correcciones que realizan jueces y secretarios.Desde el entorno de la ex Presidenta dan por descontado que la Cámara ratificará el fallo de primera instancia, y continúan embistiendo contra el Poder Judicial.<section class="noteSuggested" data-id="26500,25103,23230" data-title="Puede interesarte"></section>

Causa Vialidad: Este miércoles se conocerá el fallo que revisa la condena a 6 años de prisión de Cristina Kirchner

En una conferencia de prensa realizada este lunes 11 de noviembre, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a su vicegobernadora Verónica Magario y varios ministros de su gabinete, se refirió al juicio que enfrentará la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner el próximo miércoles 13 de noviembre en la Cámara Federal de Casación Penal. En la presentación, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, denunció una "persecución política" que pone en riesgo la democracia argentina.<section class="noteSuggested" data-id="38850,38848,38847" data-title="Puede interesarte"></section>Mena destacó que la causa, que comenzó en 2016 bajo el gobierno de Mauricio Macri, fue "específicamente orquestada para avanzar sobre la democracia y el sistema judicial". Según Mena, la acusación contra Fernández de Kirchner por administración fraudulenta carece de fundamento, señalando que durante el juicio no se presentó evidencia que respaldara las acusaciones de corrupción en las obras viales de la provincia de Santa Cruz. Además, resaltó que las 51 obras involucradas en la causa fueron terminadas sin sobreprecios, y que no hubo pruebas de irregularidades en los contratos.El ministro también destacó que el juicio estuvo marcado por la falta de peritajes técnicos y testimonios que validaran la acusación. Según Mena, los acusadores no lograron demostrar los hechos que se les imputaban, describiendo el proceso como un "mamarracho jurídico". Para el funcionario, la causa está vinculada a un intento de disciplinar a aquellos sectores políticos que intentan implementar políticas públicas en defensa de la industria, el empleo y la justicia social.A lo largo de su intervención, Mena subrayó que el juicio contra la expresidenta tiene un componente de "estrategia de disciplinamiento", vinculado a la tentativa de deslegitimar a los principales opositores al gobierno. En este sentido, acusó a ciertos sectores del poder judicial y a los medios de comunicación concentrados de manipular el caso con fines políticos.<figure class="image"><img src="https://pbs.twimg.com/media/GcGqqY_W8AATVMZ?format=jpg&amp;name=small" alt="Imagen"></figure>Por último, el ministro concluyó señalando que el caso de Fernández de Kirchner “es parte de un ataque más amplio contra la democracia y la libertad política en Argentina”, y advirtió sobre el peligro de la manipulación judicial. La conferencia concluyó con las palabras de Kicillof, quien reafirmó el compromiso del gobierno provincial con la justicia y la democracia, alertando sobre la “gravedad” de lo que está ocurriendo en el país.

Juan Martín Mena denunció una "persecución política" contra Cristina Kirchner "que pone en riesgo la democracia"

El resonante caso de Lucía Pérez, la joven fallecida en Mar del Plata en 2016, sigue dando que hablar; en su momento, la noticia generó conmoción nacional, desatando marchas ya que una fiscal había asegurado que la adolescente había muerto por empalamiento, algo que en breve se demostró que era falso.Ahora la situación continúa por el fallo de dos jueces (el tercero se jubiló) que entendieron que Pérez no fue víctima de abuso sexual ni de femicidio, ya que, según determinaron, su deceso se debió a la ingesta de droga y el vínculo sexual se habría dado de manera consentida sólo con uno de los acusados.El veredicto fue volteado y el juicio se volvió a realizar en 2023, pero esta vez con “perspectiva de género”, y allí los imputados (los dos que quedaron porque uno falleció en el proceso) <a href="https://www.lanoticia1.com/noticia/la-defensa-oficial-cuestiono-las-condenas-en-el-caso-lucia-perez-vamos-recurrir-es-una-sentencia-145669">fueron condenados</a>.Gran parte del ámbito judicial entiende que el jury al que son sometidos los dos integrantes del Tribunal Oral Criminal N°1 de Mar del Plata es un exceso con sesgos políticos e ideológicos que pone en riesgo la independencia de los magistrados para emitir sus fallos. Para la familia de Lucía Pérez, organizaciones feministas, la Procuración General y la Comisión Bicameral de la Legislatura, se trata de un saneamiento de la Justicia.<section class="noteSuggested" data-id="25450,25437,14988" data-title="Puede interesarte"></section>&nbsp;

Caso Lucía Pérez: Comienza el jury contra los jueces que resolvieron que la menor no fue violada ni asesinada

El Juzgado Federal de La Plata N° 4, a cargo del Dr. Osvaldo Racondo, hizo lugar a la medida cautelar pedida por el Banco Nación para suspender el aumento de la Tasa de Seguridad e Higiene, “cuya irrazonabilidad y desproporción provocarían perjuicios irreparables al Banco”.El presidente del Banco Nación, <a href="https://www.lanoticia1.com/funcionarios/perfil/daniel-tillard">Daniel Tillard</a>, señaló que "los impuestos locales son un gravamen sobre los créditos, inclusive sobre los hipotecarios para la vivienda y en algunas jurisdicciones impiden la actividad y ponen en riesgo nuestra presencia. Es un avance que la Justicia haga lugar a nuestros planteos".&nbsp;El Banco Nación había presentado en septiembre pasado una acción contra la Municipalidad de La Plata, que gobierna <a href="https://www.lanoticia1.com/funcionarios/perfil/julio-cesar-alak">Julio Alak</a>, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 152 y 153 de la Ordenanza Fiscal Ejercicio 2024 y el artículo 10 de la Ordenanza Impositiva Ejercicio 2024 sancionadas por el Concejo Deliberante local.La ordenanza cuestionada imponía al Banco Nación una “alícuota desproporcionada del 7,5% sobre una base imponible que excede la actividad financiera que la entidad tiene en la Ciudad”, se indicó desde la entidad. “De ese modo, la presión impositiva de este Municipio se colocaba al tope del ranking de las 800 sucursales que tiene el Banco en el país”, agregó.“El Banco Nación abonó más de $5.500 millones durante el primer semestre del 2024, monto que equivale a los salarios que paga en la Ciudad. Con la medida cautelar obtenida dicho monto disminuirá sustancialmente. Cabe destacar que el Banco Nación viene obteniendo cautelares similares en diferentes jurisdicciones del país”, se informó.<section class="noteSuggested" data-id="38506,38492" data-title="Puede interesarte"></section>

La Justicia Federal falló a favor de Banco Nación contra los aumentos de tasas municipales en La Plata

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del régimen impositivo implementado por la provincia de Buenos Aires que estableció un sistema de alícuotas diferenciales en materia de ingresos brutos para ciertas actividades desarrolladas en establecimientos productivos radicados en la provincia.En el caso, Enod S.A. demandó a la Provincia de Buenos Aires a fin de que se declare la inconstitucionalidad de las varias normas locales (artículo 39, inciso b, de la ley 11.490; artículo 2º, inciso b, de la ley 11.518; artículos 1° y 3° de la ley 13.850; así como de los artículos 12 y 14 de la ley 13.930; 20 y 23 de la ley 14.044; y 20 y 24 de la ley 14.200).Asimismo, pidió que la declaración de inconstitucionalidad planteada se haga extensiva a toda otra norma que reproduzca el régimen impositivo cuestionado, por considerar que infringe lo establecido en los artículos 9º a 12, 75, inc. 13, y 126 de la Constitución Nacional, al establecer un tratamiento diferenciado en el pago del impuesto sobre los ingresos brutos “en razón del lugar de elaboración de los bienes”.La empresa se dedica a la industria textil y, en particular, que desarrolla actividades de hilandería y tejeduría en sus establecimientos ubicados en la localidad bonaerense de Morón y en el Parque Industrial de la ciudad de La Rioja. Señaló que, por medio de las normas impugnadas, la demandada estableció un régimen que impone un tratamiento dispar en materia de ingresos brutos y explica que, en su mérito, aquellos contribuyentes que elaboran sus bienes fuera de la Provincia de Buenos Aires, al comercializarlos, deben afrontar una carga tributaria mayor que aquellos que los producen localmente.Con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, la Corte hizo lugar parcialmente a la demanda y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad de varios artículos (1° y 3° de la ley 13.850; 12 y 14 de la ley 13.930; 20 y 23 de la ley 14.044; 20 y 24 de las leyes 14.200 y 14.333; 21 y 27 de las leyes 14.394, 14.553, 14.653 y 14.808; y de los artículos 20 y 26 de la ley 14.880), que reproducen el régimen en el cual se fijaron alícuotas diferenciales en relación con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.La Corte expresó que: “al gravar la actividad de la actora (hilandería y tejeduría) con las alícuotas del 3% y 4% en razón del lugar de radicación del establecimiento productivo del contribuyente, la aplicación de los artículos 1° y 3° de la ley 13850; 12 y 14 de la ley 13.930; 20 y 23 de la ley 14.044; 20 y 24 de las leyes 14200 y 14.333; 21 y 27 de las leyes 14.394, 14.553, 14.653 y 14.808; y de los artículos 20 y 26 de la ley 14.880, obstaculiza el desenvolvimiento del comercio entre las provincias”.“Ello es así por cuanto las disposiciones citadas establecen una discriminación a través de la cual se lesiona el principio de igualdad (Constitución Nacional, artículo 16), y se altera la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, artículos 75, inciso 13, y 126), instaurando así una suerte de “aduana interior” vedada por la Constitución Nacional (artículos 9° a 12), para perjudicar a los productos foráneos en beneficio de los manufacturados en su territorio, extremo que conduce a la declaración de invalidez del régimen objeto de impugnación".Respecto del cuestionamiento a la constitucionalidad de los artículos 39, inciso b, de la ley 11.490 y 2°, inciso b, de la ley 11.518, la Corte destacó que “con anterioridad al inicio de esta causa, la parte actora promovió una acción ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, Provincia de Buenos Aires, en la cual solicitó la declaración de nulidad de la pretensión fiscal”.“Frente a ello, por no existir razones que justifiquen fragmentar la contienda (…) corresponde establecer la continuidad de la competencia del juez en lo contencioso administrativo provincial, a fin de valorar de manera integral las cuestiones vinculadas con el conflicto y permitir la unidad de criterio que evitará el dictado de pronunciamientos contradictorios”, planteó.

La Corte Suprema declaró inconstitucional alícuotas diferenciales de ingresos brutos que aplicaba Provincia

Una banda integrada por seis personas acusadas de conformar una asociación ilícita a la que se le atribuyen tres secuestros extorsivos con empresarios o familiares como víctimas, podría ser sometida a juicio.Los hechos cometidos ocurrieron entre 2021 y 2023 en la ciudad santafesina de Rosario y la bonaerense de Villa Ramallo.La solicitud de elevación fue por parte del fiscal federal a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, Matías Felipe Di Lello, y el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), Santiago Marquevich.&nbsp;Según la investigación, la organización cometía secuestros “con un grado de sofisticación que supera el estándar medio”. Elegían a sus víctimas por su gran poder adquisitivo y alquilaban de manera temporaria los sitios de cautiverio. Hay un mecánico, un animador de eventos infantiles y un parrillero, entre los imputados, y en uno de los casos, cobraron más de medio millón de dólares.<figure class="image"><img src="https://lanoticia1cdn.eleco.com.ar/media/2024/11/banda_secuestro_juicio_1.png" alt="banda secuestro juicio - 2"><figcaption>Organigrama de la banda criminal y mapas de la zona de acción realizados por el Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal. - Foto: Policía Federal</figcaption></figure>La organización tenía como metodología usar como lugar de cautiverio propiedades rentadas en alquileres temporarios y entregarle al pagador una mochila con instrucciones con los que debían continuar las negociaciones, informaron desde el Ministerio Público.Si bien el requerimiento de elevación a juicio fue presentado ante el titular del Juzgado Federal Nº2 de San Nicolás, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, por Di Lello y Marquevich, el fiscal federal de Rosario Javier Arzubi Calvo también formó parte del equipo de investigación del MPF que llevó adelante la instrucción que culminó a fines del año pasado con los allanamientos y las detenciones de los presuntos integrantes de la banda.Los imputados -todos con prisión preventiva-, son el comerciante Claudio Daniel Coto (62), el mecánico Néstor Adrián Santabaya (60), el animador de eventos infantiles (con esa ocupación se identificó en la causa) Emiliano Mario Andrés Acuña (37), el cerrajero Sebastián Ezequiel Pugliese (46), su pareja Silvia Beatriz López (43) y el remisero y propietario de una parrilla Nicolás Adrián Santabaya (31), hijo además del segundo de los acusados mencionados.<figure class="image"><img src="https://lanoticia1cdn.eleco.com.ar/media/2024/11/banda_secuestro_juicio.png" alt="banda secuestro juicio - 1"><figcaption>El presunto líder de la banda, Claudio Daniel Coto (arriba); el mecánico Néstor Adrián Santabaya (a la derecha); y su hijo remisero y parrillero Nicolás Adrián Santabaya (abajo) durante sus detenciones en diciembre de 2023. Foto: Policía Federal</figcaption></figure>A Coto y a Santabaya padre, les atribuyeron ser jefes u organizadores de dicha organización. Santabaya hijo solo quedó imputado por asociación ilícita y por la tenencia ilegal de arma de guerra de una escopeta tipo Ithaca secuestrada en uno de los allanamientos.A los otros cinco acusados les imputaron tres hechos de secuestro -dos consumados y uno en grado de tentativa-, agravados por la participación de tres o más personas, por haberse cobrado el rescate exigido -en solo uno de los casos- y por ser una de las víctimas menor de 18 años -en dos de los hechos-.Además, en los dos secuestros consumados en 2023 se le agrega el concurso ideal con el delito de robo agravado por haberse cometido en lugar poblado y en banda (por las pertenencias que les sacaron a sus víctimas). También les imputaron un hecho de extorsión en grado de tentativa y, solo a Coto, la tenencia ilegítima de un Documento Nacional de Identidad ajeno hallado en su billetera.<h3> El hecho ocurrido en Villa Ramallo</h3>El primero de los hechos por los que Di Lello y Marquevich requirieron la elevación a juicio ocurrió el 24 de enero de 2023 y tuvo como víctima a uno de los hijos de un empresario petrolero y también excorredor de Turismo Carretera.La víctima fue secuestrada cuando circulaba en una camioneta Volkswagen Amarok por un camino de tierra cercano a la ciudad bonaerense, en un falso operativo policial que incluyó dos vehículos -uno con balizas-, y hombres con uniformes de la Policía Federal.Según la investigación, el hombre fue trasladado hasta un domicilio de la ciudad bonaerense de San Nicolás, donde lo encerraron en una habitación recostado en una cama, vendado y con precintos en sus piernas.Los captores se comunicaron a través de mensajes de texto con el hermano del cautivo y le hicieron saber la ubicación de la camioneta, donde habían dejado un bolso con teléfonos celulares y una nota donde daban instrucciones y pedían un millón de dólares de rescate.<blockquote><h3>“Te gusta más la plata que tu hijo, no entendiste, te dije que no digas nada y llamaste a la policía”, decía uno de los mensajes enviados por los captores a la víctima pasiva de uno de los secuestros.</h3></blockquote>El hermano -como víctima pasiva-, comenzó a recibir llamados y las negociaciones se extendieron hasta que al día siguiente acordaron un pago de 580.000 dólares. Lo obligaron a hacer un recorrido de varias postas que culminó en una estación de servicio de la localidad de Wilde, en el partido de Avellaneda, donde por la noche un motociclista pasó a retirar el bolso con el dinero.Los delincuentes se comunicaron a las 2 de la madrugada del 26 de enero de 2023, para avisar que habían liberado a la víctima en el puente de la ruta nacional N°9 de ingreso a la localidad santafesina de Theobald, a unos 60 kilómetros de Rosario. Al declarar, el cautivo contó que cuando le anunciaron que iban a liberarlo, sus secuestradores le dijeron que habían perdido las llaves de las esposas que tenía colocadas, razón por la que se las cortaron con una amoladora, lo que provocó una quemadura en uno de sus antebrazos.

Piden elevar a juicio oral el caso de peligrosa banda que secuestraba empresarios para cobrar rescates millonarios

La concejal Analía Balaudo denunció penalmente al Intendente de General Villegas, Gilberto Alegre, y a la Secretaria de Obras Públicas, por la entrega de terrenos municipales a particulares sin cumplir con el proceso administrativo correspondiente. La denuncia fue radicada este martes en la Fiscalía N°6 de Trenque Lauquen, a cargo del Dr. Fabio Arcomano. En su denuncia, Balaudo los acusa de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.De acuerdo a lo que publicó el medio local <a href="https://www.distritointerior.com.ar/hoy/197990/la-concejal-balaudo-denuncio-penalmente-en-la-fiscalia-de-trenque-lauquen-al-intendente-y-la-secretaria-de-obras-publicas-por-una-entrega-de-terrenos">Distrito Interior</a>, los terrenos, ubicados en la localidad de Piedritas, están subdivididos y corresponden a un mismo lote. Según la concejal de Villegas Avanza, la entrega de estas parcelas se realizó de manera irregular, sin seguir los procedimientos legales establecidos para este tipo de transacciones. Los beneficiarios de los terrenos, en su mayoría, son personas sin familia, y algunos ya habrían solicitado la instalación de servicios como la electricidad en el lugar.<figure class="image"><img src="https://i0.wp.com/www.distritointerior.com.ar/wp-content/uploads/2024/11/abalia-balaudo-Distrito-Interior.jpg?fit=620%2C300&amp;ssl=1"></figure>La denuncia de Balaudo surgió tras la información proporcionada por vecinos de Piedritas, quienes alertaron sobre la situación. La edil, acompañada por Gustavo Boris, referente de La Libertad Avanza en la cuarta sección electoral, presentó la denuncia ante la Fiscalía, luego de haber consultado con el Dr. Guillermo Carballo, titular de la Ayudantía Fiscal local, quien aparentemente sugirió que se radicara en Trenque Lauquen.Balaudo expresó su preocupación por la falta de transparencia en la entrega de estos terrenos y calificó el hecho como una "grave falta institucional". La concejal libertaria espera que la justicia avance en la investigación, subrayando que el patrimonio municipal debe ser protegido y administrado de acuerdo con la ley.

Escándalo en Villegas: denuncian al Intendente Alegre por la entrega "ilegal" de terrenos municipales

Una menor denunció a su padre por haberla manoseado y obligada a practicarle sexo oral. El hombre fue detenido y la causa llegó a juicio, pero los magistrados se encontraron con gran cantidad de contradicciones y la acusación no pudo generar un grado de certeza mínimo para responsabilizar al imputado."Las acusaciones púbica y privada no han conseguido acreditar la existencia de los hechos traídos a juzgamiento con la certeza que esta etapa procesal exige, por lo que, por corresponder, propondré la absolución del aquí imputado”, indicó en la sentencia el juez Roberto Falcone, quien con los demás integrantes del tribunal, Alexis Simaz y Néstor Conti, votaron en consonancia por lo cual el fallo terminó siendo unánime.De acuerdo a la denuncia promovida por la madre de la niña, el primer episodio ocurrió dentro de un probador de un local de venta de indumentaria deportiva y luego en la casa familiar. Luego, cuando se estaba por archivar la causa, apareció una carta escrita por la menor en la que, un año después de la denuncia e inducida por su madre, describió un episodio de sexo oral antes omitido.Este tipo de contradicciones se sucedieron y los jueces terminaron absolviendo al hombre.

Mar del Plata: La Justicia absolvió a un hombre acusado de abusar de su hija

Domingo Faustino Verna, de 78 años, fue condenado por el homicidio de Brian Batalla Verna, ocurrido en junio de 2022.El Tribunal en lo Criminal N°1 de Bahía Blanca le aplicó la pena tras ser declarado culpable por un jurado popular.El hombre de 78 años fue condenado a cuatro años de prisión acusado de homicidio agravado por exceso en la legítima defensa por el crimen cometido en junio de 2022.Durante la audiencia previa, la fiscalía, representada por Jorge Viego, había solicitado una pena de tres años de prisión en suspenso. La querella, por su parte, pidió una condena de seis años, mientras que la defensa solicitó solo un año de prisión condicional.A pesar de la condena, Domingo Verna no fue encarcelado y no se le impusieron restricciones que le impidieran salir de su hogar luego del asesinato ocurrido el 13 de junio de 2022.El crimen tuvo lugar en la casa de Verna, en Bahía Blanca el 13 de junio de 2022. Y la secuencia quedó registrada por una de las cámaras de seguridad ubicadas en el frente de la casa.En ese momento joven de 29 años interceptó a su abuelo cuando llegaba a su casa y lo atacó salvajemente con un palo. Posteriormente, giró sobre sus pasos y comenzó a darle patadas a la puerta principal para derribarla.Desde el interior y ante el nuevo ataque, el hombre de 78 años salió con un revólver calibre .32 que guardaba y le disparó. Cinco impactos de bala dieron contra la humanidad de su nieto.

Matar al nieto: Cuatro años de prisión para el abuelo que disparó cinco balazos

Dos capataces y dos albañiles acusados en la causa que investiga el <a href="https://www.lanoticia1.com/noticia/derrumbe-en-villa-gesell-se-viralizo-el-audio-de-un-carpintero-desaparecido-que-advierte-sobre-el-estado-del-edificio">derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik</a> fueron excarcelados este lunes (4 de noviembre) por la mañana.De esta forma, la justicia sólo mantiene detenidos al arquitecto Jorge Bonavitta y a un contratista, Rubén Taquichiri, señalados con responsabilidad sobre las obras de reformas que se ejecutaban en ese edificio. Les imputan el delito de “estrago culposo agravado”.<section class="noteSuggested" data-id="38700" data-title="Puede interesarte"></section>Los excarcelados son los albañiles Diego Alberto González y Miguel Andrés Choque, y Celso y Sergio Paco, los capataces.Entre los capataces y albañiles que allí ejecutaban esos trabajos mencionan a Bonavitta como quien daba órdenes de los sectores por remodelar o reparar.Incluso es apuntado por ser quien habría comunicado que no se detuvieran las obras cuando llegó <a href="https://www.lanoticia1.com/noticia/desde-el-municipio-de-gesell-aseguran-que-en-agosto-le-habian-paralizado-las-obras-al-hotel-por-no-tener-autorizacion">una intimación desde el municipio geselino por falta de la correspondiente autorización.</a>Todavía no pudieron encontrar a Dana Desimone, Mariano Troiano, Ezequiel Matu, Matías Chapsman y Fabián Gutiérrez, quienes se encontraban en el edificio en el momento en el que se produjo el derrumbe que acabó con las vidas de la ex dueña del hotel María Rosa Stefanic, su sobrino Nahuel Stefanic, de 25 años, y Federico César Ciocchini.

Derrumbe en hotel de Gesell: Excarcelaron a dos albañiles y dos capataces

La jueza María Servini rechazó este viernes la solicitud de Ricardo Quintela de postergar las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ). Con esta decisión, quedó como única lista habilitada la encabezada por la expresidenta Cristina Kirchner, quien tiene ahora el camino despejado para asumir la jefatura del peronismo nacional el próximo 17 de noviembre.El fallo de la magistrada, con competencia electoral, era esperado tanto por el sector de Cristina como por el de Quintela, quienes analizaban la posibilidad de un acuerdo para frenar la creciente confrontación interna en el partido.<figure class="image"><img src="https://resizer.glanacion.com/resizer/v2/la-jueza-maria-servini-rechazo-un-pedido-de-UKC3IFAF5VFTZDZPHZOUX747RQ.JPG?auth=30250ffca7290892934b2a53bf62df660038d6c0a14927c0ebbd150a62b6a8d2&amp;width=1200&amp;quality=70&amp;smart=false&amp;height=800" alt="La jueza Servini rechazó el pedido de Quintela y Cristina Kirchner no tendrá rival en la interna del PJ - LA NACION"></figure>La semana pasada, la Junta Electoral del PJ había excluido la lista de Quintela, llamada “Federales”, argumentando que no cumplía con el mínimo de avales requeridos. Quintela, gobernador de La Rioja, cuestionó esta decisión y denunció que la Junta está integrada en su mayoría por dirigentes alineados con la expresidenta.<section class="noteSuggested" data-id="38532,38592,38594" data-title="Puede interesarte"></section>La lista de Cristina, llamada “Primero la Patria”, afirmó que la lista de Quintela no alcanzaba el 2% del padrón necesario y que había irregularidades en algunas de las firmas presentadas.<figure class="image"><img src="https://static.eldiario.es/clip/af1aef6f-8d07-4530-a296-55bea5114678_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg" alt="El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela."></figure>Ante esto, Quintela decidió acudir a la justicia electoral. En su apelación, solicitó la suspensión del proceso para evitar la proclamación de Cristina Kirchner al frente del partido y denunció un supuesto accionar parcializado de la Junta Electoral.Sin embargo, este jueves, previo al fallo, algunos dirigentes de ambos sectores, como José Mayans y Germán Martínez, iniciaron conversaciones informales para acercar posiciones. Estos encuentros, respaldados por sus jefes políticos, buscaban reducir las tensiones y preparar el terreno para la decisión final de Servini.

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