Por Ramiro Pablo Gómez

A las 14.50 de 17 de marzo de 1992 una camioneta estalló en la Embajada de Israel de Buenos Aires dejando un cráter de 4 metros de largo y 3 de ancho. A 30 años del atentado se repiten los pedidos de justicia, los políticos expresan mensajes “políticamente correctos” pero el saldo sigue igual: 22 muertos y 0 detenidos.

Menem, explosión e impunidad

Transcurría el primer mandato de Carlos Saúl Menen cuando una camioneta F-100 estalló frente a la Embajada de Israel y mató a nueve empleados y funcionarios de la Embajada, tres albañiles, dos plomeros, un taxista, tres peatones, un sacerdote de una iglesia vecina y tres ancianos que se alojaban en una residencia próxima.

La conmoción se generalizó, pero el ex presidente poco hizo para que la causa se esclareciera. Una de las hipótesis de las causas del atentado es que el riojano, cuando estaba en campaña electoral, se había comprometido con asistir a Irán y Siria en materia armamentística pero al ganar las elecciones estrechó su mano con Estados Unidos y envió dos naves a la Guerra del Golfo Pérsico. El atentado sería producto de una venganza por esa traición.

El primer fallo de la Corte Suprema data de 1999 y sostiene que “el ataque fue organizado y llevado a cabo por el grupo terrorista denominado Jihad Islámica, brazo armado de la organización pro-iraní Hezbollah”.

La justicia descartó la hipótesis de la implosión ya que entre los escombros aparecieron partes de la f-100. Lo que aún no pudo determinar, y evidentemente no podrá, es saber si hubo un chofer suicida o no.

30 años de injusticia

A tres décadas del tremendo atentado no hay (ni hubo) detenidos. De los tres sospechosos, dos están prófugos y uno ya murió. Los que quedan con vida son José Salman El Reda y Hussein Mohamad Ibrahim Suleiman, supuestamente un jefe operativo de Hezbollah.

Homenajes a las victimas

Desde las 14.50, en replica a la hora de la explosión, se realizará el homenaje con la presencia del viceprimer ministro de Israel, Gideon Sa’ar, y el ministro de Justicia, Martín Soria.

Durante toda la jornada se repetirán mensajes de dirigentes políticos pidiendo justicia por redes sociales en párrafos que se pueden copiar año tras año cambiándole la fecha. A treinta años del atentado está claro que estas manifestaciones no alcanzan ni reparan ningún daño. Hay responsabilidad del poder judicial, ejecutivo y legislativo en esta larga siesta de impunidad.