General Pueyrredón: impulsan declarar la Emergencia Social Tarifaria para frenar aumentos de luz y gas
El proyecto impulsado por la concejala Eva Ayala apunta a que la Defensoría del Pueblo arbitre las medidas pertinentes.
El bloque de Acción Marplatense impulsa la iniciativa "en virtud de la inviabilidad comercial, industrial y de la economía familiar que implican los aumentos en los costos de los servicios de energía eléctrica y de gas" y contempla alivianar la situación financiera de los hogares del distrito que conduce Guillermo Montenegro.
En tanto que la autora del proyecto, la concejala Eva Ayala, subrayó que se trata de “servicios esenciales” y en esa línea destacó la importancia de la propuesta ya que “es un problema social y económico que afecta la tranquilidad de las familias, el trabajo y la producción”.
“No se trata solo de los aumentos de este mes. A largo plazo, estos costos generarán deudas y punitorios que serán imposibles de afrontar para muchos. Esto es un problema social y económico que afecta a toda la comunidad”, agregó la edil que impulsa la declaración de la Emergencia Social Tarifaria.
El proyecto apunta a que la Defensoría del Pueblo “arbitre todos los medios necesarios a efectos de instrumentar las acciones administrativas y judiciales que resulten pertinentes a fin de ejercer la defensa de todos los usuarios de luz y gas en función del carácter público de primera necesidad del servicio y de su imprescindible continuidad”.
Según Ayala, el Defensor del Pueblo tiene la legitimidad para actuar en defensa de los marplatenses y batanenses, acompañando y representando sus intereses ante cualquier instancia judicial o administrativa.
En ese contexto, los concejales de Acción Marplatense pidieron que el ministerio de Economía tome medidas correctivas, exigiendo la intervención de los organismos reguladores para revertir el aumento tarifario y garantizar costos accesibles en estos servicios públicos esenciales.
Entre los fundamentos de la propuesta, Ayala mencionó “el aumento en porcentuales que oscilan entre un 100, 200 y hasta 300% de las tarifas que hoy deben abonar tanto los consumidores residenciales como aquellos que desarrollan actividades productivas en el Partido de General Pueyrredon”.
Asimismo, destacó que “es notable cómo la incidencia de esos aumentos en las tarifas de los servicios domiciliarios de gas y electricidad impactan sobre los ingresos de los grupos familiares, en particular aquellos más vulnerables, que se enfrentan al grave riesgo de no poder asumir el costo de la prestación siquiera en su mínima expresión”.
Además, en un proyecto de resolución que acompaña al de ordenanza, Ayala pide que el Concejo exprese su rechazo a los aumentos y requiera a la secretaría de Energía de la Nación y a los entes reguladores (Enre y Enargas) que “revean las disposiciones hasta hacer compatibles los costos con las posibilidades reales de la comunidad de afrontarlos de manera sostenible”.
Para esto, la concejala citó un trabajo del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA) , según el cual la canasta de servicios públicos de un hogar promedio ya insumía, en junio, más del 15% del salario promedio de los trabajadores registrados.
“La proporción fue en constante ascenso en los últimos meses, tanto por los aumentos de tarifas que dispuso el ministerio de Economía como por el deterioro de los salarios reales”, detalló Ayala.
"Es de absoluta evidencia que las medidas tarifarias implementadas se llevan puesto el derecho humano fundamental”, agregó y advirtió: “Se limitan los ingresos familiares, se encarecen los servicios y se abandona a las familias a su suerte”.
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