Lo que sucedió en la clínica Santa Clara (ex Constituyentes) fue un verdadero despropósito. ANDIS, el organismo que depende del Ministerio de Salud de la Nación, organizó un control para verificar que las personas que reciben pensiones por invalidez cumplan con los requisitos. Pero lo que debía ser un procedimiento ordenado terminó siendo un tormento para los citados.

Según publicó el medio zonal Primer Plano Online, el problema central fue que cerca de 200 personas recibieron la misma hora de citación, lo que provocó un colapso inmediato en la capacidad de atención del sanatorio. La escena fue desoladora: gente en sillas de ruedas, con andadores, algunos soportando el calor extremo, sin ni siquiera un lugar cómodo donde esperar. Apenas un ventilador intentaba mitigar la sofocante jornada.

"Llegué a las dos de la tarde y había gente desde el mediodía. A esta altura no sé si nos vamos a ir a las diez u once de la noche, cuando ya no hay colectivos", contó con indignación uno de los asistentes. Otro testimonio fue más crudo: "Me citaron a las 19:20, pero todavía están atendiendo a los que llegaron a las 14.00. Es una vergüenza".

El objetivo de la auditoría es controlar que las pensiones NO contributivas por Invalidez Laboral sean otorgadas solo a quienes realmente las necesitan. Sin embargo, la falta de organización hizo que muchos se sintieran humillados y desconsiderados.

Para colmo, el vía crucis no termina con la atención médica. Tras la consulta, los beneficiarios deben enviar en los próximos 30 días toda la documentación escaneada al médico prestador de PAMI. De lo contrario, corren el riesgo de perder el beneficio.

El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que los controles se hagan de forma digna, sin exponer a los beneficiarios a este tipo de situaciones. Si el propósito de la auditoría es asegurar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan, no debería llevarse a cabo de manera tan deshumanizante.