Ingresos brutos: ARBA intimó a más de 13 mil propietarios y arrendatarios rurales por "inconsistencias"
Además, se desplegó un operativo de fiscalización de ARBA en horario diurno y nocturno por rutas de Chivilcoy, General Villegas, Lobos, Pergamino, Rojas, Tres Arroyos y Bahía Blanca, así como en Estación Olivera, Ramallo, Vedia, Colón, Junín, Pehuajó, Tornquist, Zárate; y en los puertos de Quequén (Necochea) e Ingeniero White (Bahía Blanca). Cristian Girard, titular de ARBA, destacó que “nuestro objetivo con la fiscalización es poner el foco en la evasión de quienes más tienen" y que "esto no es un ataque al mal denominado 'campo'".
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) intimó a 13.402 responsables de partidas rurales por falta de inscripción y otras irregularidades vinculadas al cumplimiento de Ingresos Brutos, en el marco de un operativo de fiscalización integral que desarrolla sobre el sector agropecuario.
A la par de estas intimaciones, la Agencia de Recaudación mantiene desde hace dos semanas un amplio operativo de fiscalización sobre el comercio de granos, que incluye 16 puestos de control de mercadería en tránsito ubicados en rutas del corredor cerealero bonaerense. La fiscalización de ARBA se extiende en horario diurno y nocturno por rutas de Chivilcoy, General Villegas, Lobos, Pergamino, Rojas, Tres Arroyos y Bahía Blanca, así como en Estación Olivera, Ramallo, Vedia, Colón, Junín, Pehuajó, Tornquist, Zárate; y en los puertos de Quequén (Necochea) e Ingeniero White (Bahía Blanca).
Cristian Girard, director de ARBA, explicó que “del total de intimaciones, un 30% corresponde a titulares de campos que superan las 300 hectáreas, en tanto que el 70% restante abarca a dueños de partidas de entre 50 y 300 hectáreas”.
“Mediante cruces de datos y herramientas de inteligencia fiscal detectamos que en esas superficies hay explotación agropecuaria que no está debidamente declarada ante el fisco. En algunos casos directamente no existe la inscripción en Ingresos Brutos, en otros faltan declaraciones juradas, se subdeclara o se ocultan arrendamientos, evadiendo parte o la totalidad del impuesto”, aseguró Girard.
Los datos que permitieron detectar estas irregularidades surgen de cruzar diferentes fuentes de información, como la que aporta AFIP-DGI, la provista por el Régimen de Control Agropecuario, las imágenes satelitales que utiliza ARBA como base para estimar la producción a través de su Índice Verde y la Guía de Ganado, entre otros elementos.
Todo ese caudal de información se coteja con lo declarado por los propios contribuyentes y posibilita detectar inconsistencias o incluso la falta de inscripción, que en este caso fue verificada en 2.504 propietarios de campos con más de 300 hectáreas, que realizan actividad agropecuaria pero no se dieron de alta en Ingresos Brutos.
Girard destacó que “nuestro objetivo con la fiscalización es poner el foco en la evasión de quienes más tienen, y al mismo tiempo ofrecerles simplificación tributaria a pequeños y medianos contribuyentes, así como beneficios y planes de pago para que todos los sectores puedan estar al día. De esa forma, atendemos la cuestión impositiva integralmente, para generar recursos que provengan de una matriz más justa”.
Hasta el momento, el equipo de fiscalización de ARBA controló un total de 2.210 camiones, y detectó irregularidades graves en casi el 3% de ellos. Por falta de documentación de respaldo u otras infracciones fueron interdictadas unas mil toneladas de cereal y 3 tractores 0km valuados en U$S 145.000 cada uno. Este control cerrojo sobre la cosecha gruesa se realiza en conjunto con AFIP-DGI y cuenta con el apoyo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Participan del mismo más de un centenar de agentes de ARBA.
Girard hizo hincapié en que “esto no es un ataque al mal denominado ´campo´, una reducción simplista de la diversidad social del interior de nuestra provincia, sino que se trata de un control para que no haya evasión en un sector donde hay mucha concentración de riqueza. Estos recursos genuinos que recupera la Provincia al fiscalizar se vuelcan luego a los municipios a través de asistencia, políticas concretas de transferencia y redistribución del ingreso, desarrollo de obras públicas y sostenimiento de la salud y la educación pública”.
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