Este jueves, los legisladores bonaerenses recibieron a las autoridades de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap)para tratar temas de la agenda agraria con el foco en la emergencia por sequía.

Así, en una reunión conjunta de diputados y senadores que integran las comisiones de Asuntos Agrarios, los ruralistas plantearon sus inquietudes respecto a la falta de políticas de Estado adecuadas para mitigar el impacto del duro fenómeno climático. Tras el encuentro, desde el bloque Juntos buscan reflotar un proyecto para actualizar la ley de emergencia agropecuaria.

Previo a reunirse con los camaristas bonaerenses, la Mesa Ejecutiva mantuvo un encuentro con el precandidato a la gobernación de la Provincia, Nestor Grindetti. "Se dialogó sobre la importancia del sector en nuestro país", expresaron desde Carbap y subieron una foto con el mandatario de Lanús.

 

#Reunión

La Mesa Ejecutiva de #CARBAP se reunió con el Precandidato a Gobernador de Bs As Nestor Grindetti

Se dialogó sobre la importancia del sector en nuestro País. #Elecciones #Precandidatos #MesaEjecutivaCARBAP pic.twitter.com/p1tsGC3uex

— CARBAP (@CARBAP_ARG) June 1, 2023

“Hay 173 millones de hectáreas afectadas a nivel nacional, esa es la dimensión de la sequía, es un impacto muy grande. Parecería que la magnitud del problema ameritaría otra respuesta“, expresó el titular de la entidad, Horacio Salaberry, frente a la comitiva a los legisladores.

El principal reclamo de los ruralistas giró en torno a la necesidad de avanzar en una amplia reforma de la Ley N°10.390, que regula, entre otras cosas, las características de las declaraciones de emergencia agropecuaria, las herramientas de asistencia, como auxilios crediticios e impositivos, y los requisitos que deben cumplir los productores para estar comprendidos.

Los referentes del campo criticaron el artículo 12 de la norma, que otorga a los intendentes bonaerenses la obligación de “encauzar” las declaraciones de emergencia o desastre agropecuario. “Hay que sacarles a los intendentes esa potestad de llenar las planillas para la emergencia, dado que muchos se demoran o directamente no las aceptan”, se quejó Salaberry.

En tanto, desde la Sociedad Rural de Junín, aclararon que en 2022 mantuvieron reuniones “para avanzar en la modificación de la ley de emergencia agropecuaria”, al tiempo que destacaron que “sería muy importante que se contemplen los seguros multiriesgos”, ya que “de alguna manera el Estado tiene que ayudar”.

El proyecto de reforma del bloque Juntos

La iniciativa  para reformar la Ley 10.390 ingresó a la cámara baja el año pasado, con la autoría del vicepresidente de la comisión de Asuntos Agrarios, Luciano Bugallo.

Entre otros puntos, la normativa establece nuevos parámetros de afectaciones que deben padecer los productores para acceder a los beneficios y una extensión de la duración de la emergencia agropecuaria en base a los ciclos productivos.

Este último punto, especialmente, fue reclamado por los ruralistas en una carta abierta dirigida al Gobernador de la Provincia en la que lo acusaron de “dilatar permanentemente” los beneficios impositivos dispuestos para atenuar la crisis producida por la sequía.

En este sentido, el legislador de la Coalición Cívica explicó que “plantea justamente pasar de una emergencia agropecuaria de tres o cuatro meses a una por ciclo productivo de seis meses para la agricultura y un año para la ganadería”.

“Además, tiene que ver con la prórroga de vencimientos, porque muchas veces cuando terminó la emergencia tenés que pagar toda la deuda acumulada más las cuotas vigentes, y si vos no estuviste produciendo en estos meses, no vas a tener un mango para afrontar esa deuda”, detalló Bugallo.

Asimismo, el proyecto de reforma de la ley de emergencia agropecuaria también establece en su artículo 8° una baja en los porcentajes de afectación de la producción para acceder a los beneficios, que pasaría del 50% al 30%. En tanto, para las declaraciones de catástrofe agropecuaria descendería del 80% al 50%.

“Hay que pensar que en un contexto donde el Estado se queda con el 70% de la producción bruta, el productor se queda con un 30% que no es ganancia, es para pagar alquileres, insumos, sueldo y reparar maquinaria, entonces le termina afectando un 50% de la producción de ese 30% que te quedó, en realidad ya es una catástrofe”, ejemplificó el diputado.