Pese al rechazo del bloque de diputados de Juntos, el Frente de Todos volvió a hacer una demostración pública de apoyo al proyecto de ley que busca regular las apps de delivery desde el Salón Antonio Cafiero de la Cámara alta y planteó el escenario de debate que se avecina en la Legislatura bonaerense.

El proyecto que ya cuenta con media sanción en el Senado bonaerense, espera sanción en Diputados y la oposición ya mostró un fuerte rechazo en el plenario de Comisiones la semana pasada. Ante una nueva ronda de debate, algunos legisladores insistieron en la negativa.

La diputada por la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin, afirmó que la iniciativa que propone regular las apps de delivery significa “un brutal desincentivo para la inversión y la creación de trabajo en el país”.

En ese sentido, la diputada Etchecoin sostuvo que el proyecto del senador del Frente de Todos, Omar Plaini, “busca limitar a las Sociedad por acciones simplificada (SAS) y a las Sociedad de responsabilidad limitada (SRL)”.

Además enfatizó que uno de los puntos “que causan mayor preocupación” del proyecto es que el Poder Ejecutivo bonaerense podría disolver cualquier sociedad “sin posibilidad de que exista recurso judicial alguno, y confisque todos los bienes de la misma”. “Generará discrecionalidad, menos transparencia y más burocracia”, añadió.

El libertario, Guillermo Castello, también se subió a la polémica tras escuchar las declaraciones que hizo esta semana el presidente del bloque del Frente de Todos, César Valicenti, sobre la posibilidad de que la ley de deliverys derive en la conformación de un nuevo gremio.

En diálogo con Diputados Bonaerenses, Castello advirtió que el discurso del kirchnerismo sobre la “precarización laboral y la situación de vulnerabilidad, es un verso populista para camuflar sus verdades objetivos, que son meramente económicos”.

“Lo que expresó el diputado Valicenti en la conferencia de prensa que dio junto a los sindicalistas Plaini y Moyano confirma nuestras sospechas de que el único propósito que persigue la Ley Anti-Deliverys es sindicalizar obligatoriamente a los 30.000 repartidores que hay en la Provincia para quedarse compulsivamente con la cuota sindical”, enfatizó Castello. 

Por último, el diputado libertario resaltó que “en Suiza, se aprobó una ley similar y el 80% de los repartidores se retiró de la app Uber Eats”. “Algo parecido ocurrió en España, donde unos 10 mil ‘delivery’ abandonaron sus puestos. Es decir, son medidas que terminan atentando contra la ciudadanía”, concluyó.