El bloque de concejales del Frente de Todos de San Nicolás expresó su respaldo al sindicalista de Camioneros y también edil Maximiliano Cabaleyro y al referente del gremio en San Pedro, Fernando Espíndola, sobre quienes pesa una orden de detención emitida por la jueza Maria Eugenia Maiztegui a pedido de la fiscal María del Valle Viviani, titular de la UFI 7.

En el texto, los ediles que comparten bloque con Cabaleyro calificaron de “inédito” el fallo de Maiztegui y consideraron que lo que ocurre con Camioneros es “persecución judicial y linchamiento mediático”.

En diálogo con Lanoticia1.com, Cecilia Comerio, edil y presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto San Nicolás, quien respaldó a ambos sindicalistas en público en la sede del sindicato junto a Pablo Moyano, señaló su preocupación por el fallo judicial que está en instancias de Cámara a la espera de un pedido de apelación.

"Nos sorprendió la resolución de la jueza, principalmente, porque nosotros siempre tuvimos la información y estuvimos en contacto con el caso, y el tenor de la resolución sabiendo que la voluntad siempre estuvo de estar a derecho", señaló la funcionaria.

Y continuó: "Es una figura pública que siempre tuvo a disposición de la justicia y que siempre estuvo tratando de dar respuestas a todo lo que se le cuestionaba o se le reclamaba".

Comerio también eludió responder sobre las denuncias de extorsión y amenzas y aseguró que "no se trata de las formas y las maneras" porque "hay una decisión que va mucho más allá y tiene que ver con que realmente existan pruebas en torno a la acusación". "Siempre estuvo a derecho siempre tuvo disposición de la justicia, es más, no se lo ha llamado aún para ser indagado para que cuente su versión", remarcó en respaldo a Cabaleyro.

"Cada cual tiene sus formas, algunas pueden ser más cuestionables o no, acá no estamos discutiendo las formas sino que estamos preocupados frente a un fallo de una jueza. Es un dirigente sindical con representación de trabajadores, el hecho sucede mediante un reclamo sindical y lo más preocupante es que no se los llame para comparecer, para dar su opinión y que se construya una detención sin conocer el fondo de la cuestión", dijo.

Cabe recordar que la Justicia investiga las denuncias de la empresa Rey Distribución, ubicada en San Pedro, relacionadas con “pedidos de coima” por parte de los sindicalistas de Camioneros. Gustavo Rey, uno de los denunciantes, reveló elementos de prueba que aportaron a la causa, como videos del momento en el que delegados sindicales iban “a buscar la plata” y “los cheques” que, aseguraron, formaban parte de la extorsión que sufrían para “trabajar tranquilos”.

"No está contemplada y no se está avanzando en la información y los aportes que está haciendo en este caso el sindicato, eso nos llama la atención", apuntó Comerio. "La justicia laboral le pidió a la empresa que reincorpore a los trabajadores", recordó.

Y añadió: "Como sociedad necesitamos tener una justicia lo más transparente posible, lo más justa posible, a mí me preocupa mucho esta justicia que resuelve una detención y no nos explica qué es lo que pasó. Se ponen en una postura de estar en contra de un sindicalista".

"Me preocupa este fallo y lo digo como ciudadano de a pie porque cuando no hay fundamentos que se puedan probar y demostrar, vamos a estar en un problema. La justicia tiene la enorme tarea de investigar y de llevar tranquilidad a los vecinos y no construir tapas de diarios", concluyó.

Por otra parte, respecto al comunicado del bloque de concejales, allí señalan su “preocupación” por la decisión de la jueza y cuestionaron el “linchamiento mediático llevado a cabo por los medios de comunicación de alcance nacional” y la réplica que hicieron “referentes de Juntos por el Cambio”. Consideraron que Cabaleyro y Espíndola “pueden ir a prisión” por “reclamar el pago de los aportes jubilatorios y las diferencias salariales adeudas a los trabajadores”.

“Durante todo el proceso juidical los acusados estuvieron siepre a derecho y que estén en libertad no representa un entorpecimiento a la causa que amerite la prisión preventiva”, expresaron en relación a los argumetos de la jueza Maiztegui para ordenar la detención.

Para los concejales del Frente de Todos nicoleño, la decisión de Maiztegui “constituye una enorme gravedad institucional porque sienta un precedente para encarcelar a los representantes sindicales por el cumplimiento de sus deberes”.