La medida se extendió por 90 días debido a la "emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar el coronavirus".

Con esta prorroga, las empresas privadas no podrán despedir empleados sin justa causa ni por razones de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo.

El primer decreto rigió desde el 1° de abril, luego se dispuso una prórroga desde el 1° de junio y hubo una tercera disposición a partir del 1° de diciembre.

De acuerdo con el Decreto 891/2020, publicado en el Boletín Oficial, la prohibición de despidos y suspensiones finalizaba el 29 de enero próximo.

En la prorroga de diciembre, el Gobierno había expresado que "la pandemia de Covid-19 ha producido una merma considerable en la actividad económica a nivel mundial de la que nuestro país no se encuentra exento".

Por ello consideraban necesario y conveniente "prorrogar la normativa existente respecto de la prohibición de despidos".

A la par del primer decreto de marzo, el Gobierno había puesto en marcha una "serie de medidas que tienen como objetivo ayudar a las empresas a sobrellevar los efectos de la emergencia".

Entre esas medidas se incluyó la "postergación o disminución de diversas obligaciones tributarias y de la seguridad social, la asistencia mediante programas específicos de transferencias de ingresos para contribuir al pago de los salarios y la modificación de procedimientos para el acceso a estos beneficios".

También mencionó las "garantías públicas con el fin de facilitar el acceso al crédito de micro, medianas y pequeñas empresas (MiPyMES)".

Asimismo, el Gobierno consideró "indispensable continuar garantizando la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable".

Desde Télam informaron que la medida va a oficializarse en breve con la publicación en el Boletín Oficial.