San Nicolás: cinco personas irán a juicio por tráfico de 300 kilos de cocaína arrojada desde una avioneta en Pergamino
El episodio ocurrió en 2022. La banda es liderada por "La Reina del Sur". Sus dos hijos también están imputados.
En enero de 2022, una avioneta arrojó 300 kilos de cocaína en un campo rural de Pergamino. El operativo que siguió a la exhaustiva investigación llevada a cabo por el fiscal federal Matías Di Lello, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, desmanteló una organización narcocriminal liderada por Marisol Saavedra Chungara, una mujer de nacionalidad boliviana, ed 54 años, conocida como "La Reina del Sur", con domicilio en el porteño Barrio 1-11-14 de Flores.
Un total de cinco personas irán a juicio oral acusados del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, en el marco de una causa conocida como el “narcobombardeo” de casi 300 kilos de cocaína desde una avioneta en un campo de Pergamino. El debate aún no tiene fijada una fecha, pero estará a cargo del Tribunal Oral Federal N°3 de Rosario.
La principal acusada quedó mencionada en las escuchas telefónicas de la causa con el apodo de “la Reina del Sur”. Para Di Lello, debe ser juzgada como “organizadora y financista de una cadena destinada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes”. En tanto que los otros cuatro imputados son dos de sus hijos, Juliana y Mauricio Justiniano Saavedra; Elves García de Olivera, de nacionalidad brasileña; y Denicio Zacarías Reyes, paraguayo.
Di Lello solicitó en su requerimiento de elevación a juicio que todos sean juzgados como coautores del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la modalidad de comercialización y transporte agravado por la intervención organizada de tres o más personas.
En concreto, un comisario inspector de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Pergamino declaró que tenían la información de que había varias personas de la ciudad de Buenos Aires recorriendo la zona, buscando predios rurales propicios para poder recoger bultos con droga que serían arrojados en avionetas desde el aire.
Roles y vinculación
Al fundamentar la requisitoria de elevación al juicio y describir los roles de los acusados, el fiscal Di Lello, hizo un recorrido por la instrucción de la causa. En primera instancia, señaló que los propios imputados “reconocieron su presencia en el lugar donde fueron detenidos” y que es “donde se produjo el ‘bombardeo’ de drogas aquí investigado”.
Di Lello manifestó que durantes los descargos, los acusados “dieron explicaciones inverosímiles”, como ser que irían a buscar químicos (Marisol), que recogerían alimentos para perros (Juliana), que ignoraban las razones de su desplazamiento (Mauricio) o que estaban haciendo una changa cargando productos farmacéuticos.
Por su parte, Zacarías Reyes fue más allá y dijo que no se encontraba en Rancagua al momento del hecho y que solo viajó a reclamar su camioneta, que estaba en manos de los detenidos en razón de un contrato de locación.
Sin embargo, Di Lello argumentó que previo a su detención, durante algunos meses, se verificaron las actividades de los investigados y que las pruebas allí recolectadas -junto con las obtenidas a posterioridad- eran esclarecedoras sobre el despliegue del grupo.
Las escuchas telefónicas que complican a “La Reina del Sur”
“Se registró a través de tareas de campo y registros telefónicos que Marisol Saavedra Chungara desde el inicio de la investigación fue armando una estructura operativa a la que coordinó y proporcionó medios -principalmente personas y vehículos- que posibilitaron el transporte y comercio de estupefacientes desbaratado”, detalló el fiscal de la causa.
Según el requerimiento, esa imputada mantuvo diálogos a lo largo de los cuales se establece que “tenía un rol organizador de las actividades de las personas a la postre detenidas, siendo tan elocuente el despliegue que en una comunicación su interlocutor la llama ‘la Reina del Sur’ en obvia alusión al personaje de una novela de Arturo Pérez Reverte que encarna a una legendaria narcotraficante” y motivó también una exitosa serie televisiva en 2011.
Incluso, se verifica que tiene un rol financiero en los hechos pues reprocha a su hijo el manejo del dinero o concuerda con Zacarías el pago de 2.000 dólares por lo que entendemos sería su participación en el traslado de drogas.
La situación de los otros acusados
Para el fiscal, también Juliana y Mauricio Justiniano Saavedra, hijos de Marisol Saavedra Chungara, se encuentran al igual que su madre en una comprometida situación procesal al haber sido detenidos junto a ella en Rancagua el día del “narcobombardeo”.
En relación a García de Olivera, Di Lello sostuvo que no se concibe racionalmente el motivo de su presencia en Rancagua si no es porque tuviere vinculación con el hecho, más aún si se considera el lugar y hora de su aprehensión. A ello corresponde sumar que se le vio bajar del rodado para hacer de custodia o “campana” donde se produjo el descargo de la droga.
En tanto, Zacarías Reyes alegó la existencia de un contrato de alquiler de su camioneta para justificar que fuera secuestrada en Rancagua junto a una mochila con un juego de llaves y la VTV del rodado a su nombre. “Entendemos que su descargo carece de todo asidero pues, además del secuestro del rodado durante el ‘narcobombardeo’ otras pruebas lo sitúan como protagonista de la actividad imputada, antes del 19 de enero de 2022”, señaló el fiscal.
Elevación a juicio
En la requisitoria de elevación a juicio se destaca que “todos los imputados a través de sus acciones evidenciaron estar en conocimiento del despliegue ilícito que protagonizaban al aguardar la droga en horas de la madrugada en medio de un campo distante a 200 kilómetros de sus residencias”.
De la misma manera, considera que “la tenencia del estupefaciente hallado en uno de los domicilios estaba destinado a su comercialización (se halló una balanza para fraccionamiento) siendo esa ultraactividad responsable en todos ellos dado el grado de cohesión advertido durante el curso de la pesquisa, que indica que más allá de donde se encontrase la droga, estaba disponible para que cualquiera de ellos la comercialice”.
Ese contexto, según la acusación, “permite también tener por acreditado el dolo y la ultra intención requeridos por la figura en trato, es decir, el conocimiento de la ilegalidad por parte de los imputados de la tenencia de las sustancias estupefacientes, como así también el destino ilegítimo que tendría posteriormente”.
Fuente: Fiscales.gob.ar
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