Tandil: Jury contra la Jueza de Familia Silvia Monserrat
La Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires dio impulso a una denuncia contra la titular del Juzgado de Familia por vulnerar los derechos reconocidos en la Convención del Niño.
Por irregularidades en la causa 2650 caratulada como "N.N. s/ protección de Personas", la titular del Juzgado de Familia del departamento judicial de Azul, con asiento en Tandil, Silvia Inés Monserrat, podría ser sometida a juicio político.
La denuncia se basa en que la magistrada impidió el contacto de Rossana Benítez Parodi, una mujer de nacionalidad paraguaya, con su bebé recién nacido. Parodi, madre de otros 6 niños, había decidido por su situación económica dar al bebé en adopción. Sin embargo luego se arrepintió y buscó asesoramiento para entregar al niño a una familia de su misma nacionalidad.
Los problemas habrían comenzado cuando Parodi rectificó junto a la Secretaria de la Defensoría oficial, su voluntad de dar en adopción, hecho que le fue comunicado al juzgado que preside la Dra. Montserrat, y a su vez, al hospital para que se efectivizara el alta médica. A pesar de esto, la Jueza ordenó la "guarda institucional" del bebé dentro del área del Servicio de Neonatología del Hospital Municipal Ramón Santamarina requiriendo que se separara al bebé de su madre, e impidiendo el contacto entre ambos, lo que de por sí, ya configuraría un delito tipificado en la ley penal 24.270.
El titular de la Comisión Bicameral, el diputado Gabriel Villegas sostuvo que "el pedido de juicio político fue analizado exhaustivamente y creemos que la jueza ha incumplido con su deber, no propiciando la relación madre-hijo que es un derecho natural del ser humano". Y agregó: "creo que esta magistrada ha violado derechos humanos inalienables".
El medio La Voz de Tandil da cuenta de una versión diferente por la cual la Jueza Monserrat podría haber actuado de esa manera. Según relata este medio, Parodi ejercía en Tandil la prostitución y al momento de parir, había expresado su intención de dar al bebé en adopción al matrimonio con el que ella convivía.
La magistrada habría impedido el contacto entre madre e hijo sospechando de un complejo entramado delictivo. "Lisa y llanamente se sospecha de una red de prostitución y trata de personas", relata el medio tandilense.