La Corte Suprema confirmó la sentencia bonaerense, por cuatro a cero, en la causa de la ex Esso contra la municipalidad de Quilmes, que la empresa había iniciado con el objeto de impugnar la determinación de oficio de la tasa municipal por inspección de seguridad e higiene correspondiente a dos estaciones de servicio localizadas en su jurisdicción, por los períodos correspondientes a los años 1996 a 2002.

En la causa CSJ 1533/2017/RH1 “ESSO Petrolera Argentina S.R.L. c/ Municipalidad de Quilmes s/ acción contencioso administrativa”, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires había desestimado la demanda. Pero contra esa sentencia, la demandante planteó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema nacional.

Allí planteó en materia del artículo 35 del Convenio Multilateral que existe una incorrecta y abusiva interpretación del tercer párrafo, y que en lo atinente al principio de proporcionalidad de las tasas, debe haber una cierta relación entre el monto de la tasa y el costo del servicio.

"Admitida dentro de la base imponible la posibilidad de ponderar los ingresos brutos del contribuyente y la  ausencia  de  un  agravio  correctamente  desarrollado  para  comprobar  la  desproporción  de  la  tasa,  los  cuestionamientos  contra  la  constitucionalidad  del  artículo 35  del  Convenio Multilateral devienen  meramente  conjeturales  e  hipotéticos  y  carecen de vinculación directa con la solución del caso. Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar a  la  queja,  se  declara  parcialmente  admisible  el  recurso  extraordinario  y  se  confirma  la  sentencia  apelada", dice el escrito de los jueces.

En diciembre del 2019, durante la audiencia pública, un grupo de más de 40 intendentes que respondían (actualmente también) a diferentes partidos políticos presentó un escrito para defender el cobro de Seguridad e Higiene.

Habían asegurado que muchas veces se ataca al municipalismo diciendo que es culpable de la alta presión tributaria de Argentina y consideraron que es legal en el marco de la autonomía de los municipios establecida en la Carta Magna tanto nacional como provincial y la Ley Orgánica de las municipalidades así como la jurispridencia del máximo tribunal.