¿Chau a la VTV?: Ahumada propone eliminar el trámite y modernizar los controles vehiculares en la Provincia
La senadora del PRO presentó un proyecto de ley para derogar la normativa. La merlense argumenta que el trámite, cuestionado por su alto costo, es ineficaz para mejorar la seguridad vial. Propone que el control se rija por la Ley Nacional de Tránsito.
La senadora del PRO, Aldana Ahumada, presentó un proyecto de ley para derogar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) obligatoria en la provincia de Buenos Aires. Este trámite, que en octubre de 2024 alcanzó los $44.000 para vehículos livianos, viene siendo fuertemente criticado por la oposición por su “ineficiencia” y el “impacto económico” que genera en los ciudadanos.
Ahumada, junto con los senadores Christian Gribaudo y Marcelo Leguizamón, sostiene que la VTV no demostró una reducción significativa en los accidentes de tránsito, a pesar de que se creó con ese objetivo. Según el proyecto, los fallos mecánicos representan menos del 1% de los siniestros viales, siendo el principal problema el factor humano, como el exceso de velocidad o la imprudencia al volante.
El proyecto también señala que el sistema actual no diferencia entre vehículos nuevos y viejos, obligando a todos los propietarios a cumplir con el trámite, sin importar el estado del auto. "La VTV es una carga innecesaria para aquellos que mantienen sus vehículos en buenas condiciones", afirmó Ahumada.
En lugar de la VTV provincial, el proyecto propone que los controles de vehículos se rijan por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, eliminando así el sistema vigente en la provincia de Buenos Aires.
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Además, la senadora resaltó que los altos costos de la verificación, junto con la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, complican aún más la situación de las familias. El proyecto también denuncia las demoras en la asignación de turnos y la falta de plantas verificadoras cercanas, lo que implica desplazamientos adicionales.
Ahumada argumenta que la VTV generó más problemas que soluciones, afectando a sectores productivos como el transporte y las pequeñas empresas, que ven cómo sus costos operativos se incrementan debido a este trámite. Según explicó, el proyecto busca modernizar el control vehicular y reducir las trabas burocráticas, alineándose con la normativa nacional y promoviendo un enfoque más eficiente para garantizar la seguridad vial.
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