El Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, se presentó ante la Comisión bicameral de Inteligencia del Congreso Nacional y manifestó su "accionar irregular" así como de otra subcomisión "creada ad-hoc para la investigación de materias y hechos difusos e imprecisos".

En un escrito, Conte Grand observó que el accionar de la Comisión "había materializado un desvío en los objetivos establecidos en la ley de su creación, vulnerando centralmente la garantía del debido proceso legal".

También señaló que su citación en forma presencial "afectaba al mismo tiempo los principios del federalismo y del necesario respeto a la autonomía e independencia del Poder Judicial".

No obstante, ratificó "su plena y absoluta disposición para colaborar con la Comisión, aportando toda información que fuera requerida en tanto fuera de su conocimiento o conste en los archivos del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires".

La subcomisión lleva a cabo una investigación a partir de la difusión de un video en el cual se registra una reunión celebrada en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, donde funcionarios de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, el intendente de La Plata, Julio Garro, funcionarios de inteligencia y empresarios mantuvieron un encuentro en el que analizaron la presentación de denuncias contra organizaciones sindicales.

 

Comunicado completo

CONTE-GRAND ADVIRTIÓ SOBRE LA ACTUACIÓN IRREGULAR DE LA COMISIÓN BILATERAL DE INTELIGENCIA

Tras concurrir a brindar información en virtud de la convocatoria cursada por la Comisión Bilateral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand, efectuó una presentación en la que formalmente dejó expuesto el accionar irregular de la citada Comisión y de una Subcomisión creada ad-hoc para la investigación de materias y hechos difusos e imprecisos.

En un extenso y fundado escrito, Conte-Grand observó que el accionar de la Comisión había materializado un desvío en los objetivos establecidos en la ley de su creación, vulnerando centralmente la garantía del debido proceso legal.

En la misma línea, destacó que la pretensión de que un integrante de la máxima autoridad judicial de una Provincia (como es el Procurador General ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires), compareciera presencialmente ante la Comisión y no por informes, en contra de lo previsto por las normas aplicables, afectaba al mismo tiempo los principios del federalismo y del necesario respeto a la autonomía e independencia del Poder Judicial.

Situaciones que, añadió, se potenciaban en razón de que la convocatoria adolecía de defectos sustanciales al no haberse precisado en ella su objeto ni la materia investigada, no se indicaban los integrantes de la subcomisión ni el responsable de la instrucción, careciendo en definitiva el requerimiento de contenido cierto, entre otros defectos que descalificaban de manera flagrante el procedimiento en curso.

Ratificó no obstante Conte-Grand su plena y absoluta disposición para colaborar con la Comisión, aportando toda información que fuera requerida en tanto fuera de su conocimiento o conste en los archivos del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires.