"Es un crimen de asimetría de poder": Los aspectos psicológicos de la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández
La Lic. Daniela Gasparini, psicóloga especializada en Género, se refiere al caso que sacude al país. Explica qué ocurre cuando la violencia es perpetrada por una figura de alto poder y estudia el perfil del expresidente. Analiza el trasfondo político de la causa y el rol de los medios de comunicación.
La reciente denuncia de Fabiola Yáñez contra el ex presidente Alberto Fernández sacudió profundamente a la sociedad argentina, revelando un caso de violencia de género que involucra a figuras de alto perfil. El fiscal federal Ramiro González amplió la imputación en la causa penal iniciada tras la denuncia de Yáñez, que ahora incluye cargos más graves como lesiones graves doblemente calificadas por el vínculo, perpetradas en un contexto de violencia de género, abuso de poder y amenazas coactivas.
La gravedad de los hechos que se investigan quedó evidenciada en la declaración testimonial de la ex primera dama, quien, durante casi cuatro horas, detalló ante el fiscal los episodios de maltrato, hostigamiento, desprecio y agresiones que, según afirma, sufrió a manos de Fernández desde el inicio de su relación en 2016.
Para entender mejor la naturaleza de la violencia de género y las complejidades que surgen cuando esta involucra a personas en cargos públicos, conversamos con la Lic. Daniela Gasparini, psicóloga especializada en Trata de Personas, Género y Derecho (UBA, M.N. 50.200). En esta entrevista, Gasparini nos explica qué es la violencia de género, cómo se manifiesta la violencia psicológica y el mecanismo de sometimiento que emplea un agresor hacia su víctima. Además, reflexiona sobre el papel de los medios de comunicación en la cobertura de estos casos y los riesgos de utilizar las denuncias para avanzar en agendas políticas en lugar de abordar la problemática de fondo.
Dada tu experiencia analizando denuncias de violencia de género y considerando el reciente caso de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández, ¿qué aspectos del caso te han impactado o llamado más la atención, especialmente en un tema tan complejo y multifacético como este?
La violencia de género es una problemática social profunda que afecta a mujeres de todas las clases sociales y puede ocurrir a lo largo de toda su vida. Lo más impactante es cómo esta situación, que debería ser inaceptable, se ha normalizado y está arraigada en desigualdades estructurales de género presentes en nuestra historia y sociedad. Este tipo de violencia es un crimen de asimetría de poder, como señalan tanto las convenciones internacionales como nuestra Constitución Nacional y la ley integral de protección en nuestro país.
Uno de los aspectos más preocupantes es que muchas mujeres solo denuncian cuando están en una situación extrema, como cuando sienten que su vida está en peligro, cuando la violencia afecta a sus hijos, o cuando alguien más las motiva a hacerlo. El proceso de denunciar es extremadamente difícil y lleno de riesgos, ya que las víctimas suelen estar en una situación de vulnerabilidad severa y a menudo llevan años soportando el abuso.
La violencia de género se manifiesta con mayor frecuencia en el hogar, un lugar que debería ser el más seguro. Las estadísticas, aunque incompletas, indican que el principal agresor es generalmente la pareja de la víctima, y la violencia suele comenzar de manera sutil, como violencia psicológica, antes de escalar a agresiones físicas. Es ahí donde comienza lo que se denomina como círculo de la violencia —caracterizado por fases de acumulación de tensión, explosión, y luego un período de aparente reconciliación— que deja a la víctima atrapada en una situación de vulnerabilidad extrema.
En la primera fase del círculo de la violencia comienza luego de un periodo de tranquilidad, de supuesto enamoramiento y de una relación de pareja que no requeriría de ninguna situación violenta. Es allí cuando empieza un momento de acumulación de tensión y la violencia más invisible, que es la violencia psicológica. Eso luego se traduce en violencia física, que es la fase de la explosión o de la lesión física.
Y después de esa situación, donde la víctima queda en una situación de extrema de vulnerabilidad y riesgo a su integridad física, psíquica, sexual y económica, empieza la fase nuevamente de enamoramiento, donde el violento agresor le pide perdón, le promete que no va a volver a pasar y así sucesivamente como se da el círculo del cual una víctima se siente atrapada y le cuesta mucho salir. La dificultad para romper este ciclo se ve agravada por el aislamiento de la víctima de sus redes de apoyo y el daño a su autoestima.
“En mi experiencia, en lo que me respecta, no hay un estereotipo de agresor. La persona más amable, la persona más coherente o más inteligente, puede ser un violento".
En los últimos días, algunos defensores del expresidente Alberto Fernández han cuestionado por qué Fabiola Yáñez no terminó su relación antes, dado que según denuncias, sufrió maltratos desde 2016. ¿Cómo se relaciona esta situación con el ciclo de violencia que describís, y por qué es tan difícil para las víctimas salir de estas relaciones?
Es importante considerar que, independientemente de los detalles específicos del caso, las víctimas de violencia de género a menudo enfrentan una serie de dificultades significativas que pueden hacer que la denuncia o la ruptura de la relación sea extremadamente compleja. Las víctimas pueden tardar años en denunciar debido a factores como el miedo, la coacción psicológica, y la disminución de su autoestima y autonomía. En muchos casos, la violencia psicológica ha erosionado su capacidad para actuar y tomar decisiones.
Cuando la violencia es perpetrada por una figura de alto poder, como un funcionario público o una persona con influencia, la situación se complica aún más. Hablo del dueño de una empresa, de un profesional prestigioso, de un jefe de policía, de un intendente, de un gobernador o hasta de un presidente.
Cuando los varones ocupan altos cargos de poder también reproducen más poder porque ya de por sí hay una desigualdad, una asimetría de poder en el acceso a derechos entre varones y mujeres. Eso se fue saldando con el movimiento feminista sin embargo todavía no está saldado.
El poder y el estatus de la persona agresora pueden intensificar el miedo de la víctima y su sensación de impotencia. Las víctimas pueden enfrentar amenazas adicionales y dudas sobre la credibilidad de sus denuncias, especialmente cuando el agresor ocupa un cargo visible y poderoso. Entonces imagínate un varón siendo la máxima expresión de poder de un país como puede ser el un presidente.
Además, las víctimas que dependen económicamente de su agresor –un varón padre de sus hijos– que viven en condiciones de vulnerabilidad económica, o que enfrentan obstáculos para acceder a recursos legales y de apoyo, encuentran aún más barreras para salir de la situación y denunciar. El contexto de desigualdad y la falta de acceso a derechos y recursos agravan estas dificultades.
Estigmatizar a las víctimas por no denunciar antes es simplificar un problema complejo. El proceso de denuncia es a menudo difícil y retraumatizante, y puede verse afectado por múltiples factores que varían en función del contexto social, económico y de poder.
Desde el inicio del caso de la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández, hemos visto una cobertura mediática inusual. Es la primera vez que un caso de violencia de género involucra a alguien con un nivel de poder tan alto, y los medios han expuesto a Yáñez intensamente, a veces poniendo un enfoque notable en su pasado y en su vida personal. Lo mismo han hecho con Tamara Pettinato o Florencia Peña, por mencionar ejemplos. ¿Cómo ves esta cobertura mediática y el impacto que tiene en la percepción pública? ¿Qué riesgos de revictimización ves en la forma en que se está manejando la información y cómo se puede evitar que Fabiola Yáñez se convierta en el centro de atención negativa en lugar de los acusados?
La exposición de mujeres víctimas de violencia en los medios de comunicación, especialmente cuando se trata de imágenes de su sufrimiento o detalles íntimos, refuerza los estereotipos patriarcales y perpetúa la violencia simbólica. En lugar de enfocar la atención en el agresor, los medios a menudo destacan la vida personal y las circunstancias de la víctima, lo que resulta en una revictimización. Esto sucede cuando se expone a la víctima a una atención mediática excesiva, se la presiona para dar explicaciones o se viralizan detalles privados que deberían mantenerse protegidos.
Esta cobertura contribuye a un retroceso en la lucha por la igualdad de género, ya que en lugar de centrar la crítica en el agresor, se coloca la atención en la víctima. La verdadera responsabilidad recae en el agresor, especialmente cuando ocupa un cargo de poder. No es la víctima quien debe justificar su pasado o su vida personal; es el agresor quien debe responder por sus acciones.
Las estrategias mediáticas que desplazan el enfoque hacia las mujeres víctimas y desvían la atención del agresor perpetúan los estereotipos patriarcales y resultan en una mayor estigmatización y revictimización. Para evitar esto, es crucial que los medios centren la atención en los agresores y en las acciones que deben responder, protegiendo la privacidad y la dignidad de las víctimas. La correcta gestión de la información es esencial para avanzar en la protección de los derechos de las mujeres y evitar que la cobertura mediática se convierta en una forma de violencia simbólica.
“Hay un discurso que pone en discusión avances del feminismo. El problema acá es pensar que fue Alberto Fernández el que logró esas políticas y no un movimiento que lleva años”.
En las últimas horas, varios dirigentes del peronismo han salido a distanciarse de Alberto, e incluso la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, sugirió que Fernández podría tener características compatibles con un agresor de violencia de género. Dada tu experiencia, ¿qué rasgos pueden indicar que una persona es propensa a ejercer violencia de género? ¿Es posible identificar estos rasgos en alguien como el expresidente?
No es posible identificar a un agresor de violencia de género basándose en estereotipos, ya que no existe un perfil único o característico para estas personas. En mi experiencia, he aprendido que los agresores pueden ser cualquier tipo de hombre, desde los más amables y respetables hasta aquellos que parecen tener un comportamiento ejemplar. La violencia de género no está limitada a un tipo específico de persona o a una apariencia externa.
Por ejemplo, el caso del Dr. Jorge Corsi, un destacado académico en la Universidad de Buenos Aires, especialista en violencia familiar, que fue descubierto como integrante de una red de pedófilos, demuestra que las apariencias pueden ser engañosas. La violencia de género es una manifestación de una cultura patriarcal más amplia y no necesariamente está relacionada con características psicológicas o comportamentales predecibles. Es un problema arraigado en estructuras de poder y desigualdad que afecta a mujeres de todos los ámbitos sociales.
En lugar de buscar un estereotipo de agresor, es crucial enfocarnos en las políticas de prevención y protección para las víctimas. Esto incluye asegurar que las víctimas se sientan seguras al hacer una denuncia y recibir el apoyo necesario para enfrentar el proceso judicial sin temor a ser revictimizadas. Además, es fundamental fortalecer las políticas públicas y la educación sobre relaciones saludables desde una edad temprana para prevenir futuros casos de violencia.
El rol de los medios de comunicación también es esencial en este proceso. Deben ser responsables y evitar la revictimización de las mujeres, enfocándose en el agresor y no en la víctima. Para abordar eficazmente la violencia de género, necesitamos un enfoque integral que apoye a las víctimas y combata la cultura de impunidad que perpetúa estos abusos.
Fabiola Yáñez denunció tres cuestiones que están profundamente relacionadas con las banderas que ha levantado el kirchnerismo: la violencia reproductiva que choca con la ley de aborto que apoyó el peronismo, el consumo problemático de marihuana en relación con la ley de cannabis medicinal promovida durante el gobierno de Alberto Fernández, y la violencia de género, considerando que Fernández impulsó la creación del Ministerio de la Mujer. ¿Cómo se puede evitar mezclar estas denuncias con la política y cómo afecta esto a la víctima? ¿Es válido cuestionar si se está utilizando la denuncia para sacar rédito político o para perjudicar a algún sector? ¿Cómo puede esto influir en la percepción de la víctima, que puede sentirse atrapada en un contexto donde cualquier declaración podría ser vista como un acto político?
Lo que está ocurriendo es un fenómeno complejo en el que las denuncias se están politizando excesivamente. El riesgo es que se cuestionen y se descalifiquen los avances que se han logrado en temas como la violencia de género, la protección integral de las mujeres y los derechos reproductivos, atribuyendo estos logros exclusivamente a la figura de Alberto Fernández, cuando en realidad son resultado de décadas de lucha por parte de muchas mujeres y colectivos feministas.
El problema radica en que se está utilizando la denuncia para avanzar en agendas políticas y no para abordar la cuestión de fondo, que es la violencia de género y la protección de las víctimas. En lugar de enfocarse en las necesidades y experiencias de las víctimas, como Fabiola, se está desviando la atención hacia debates políticos que, en última instancia, pueden desviar el enfoque de las verdaderas problemáticas.
Es importante recordar que la política no debería ser el centro de las discusiones sobre violencia de género o derechos reproductivos. La víctima no debe sentirse presionada por la política o el uso que se pueda hacer de su denuncia. El foco debe estar en la protección de las víctimas y en garantizar que sus denuncias se manejen con seriedad y respeto, sin que se conviertan en un campo de batalla política.
Las críticas y cuestionamientos deben dirigirse hacia la estructura y el sistema que permite la violencia de género, y no hacia las víctimas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Es esencial evitar que las discusiones políticas interfieran en el proceso de denuncia y apoyo a las víctimas, ya que esto puede ser perjudicial tanto para quienes buscan justicia como para quienes podrían ser futuras víctimas si no se mantienen y avanzan las políticas públicas de protección y prevención.
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