La Cámara Nacional Electoral confirmó que en la Provincia hubo aportantes truchos de Cambiemos en la campaña del 2017
Se investiga la inscripción de beneficiarios de subsidios sociales como contribuyentes durante em gobierno de Vidal. La Justicia ordenó el procesamiento de cuatro miembros del partido y dictaminó embargo de bienes por sumas de entre 30 y 50 millones de pesos.
El juez federal electoral Alejo Ramos Padilla, procesó a los responsables económicos de la campaña de 2017 en el marco de la investigación surgida a partir de la denuncia de donaciones atribuidas a cientos de personas que negaron haber aportado dinero para solventar los gastos electorales de las Generales y las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de ese año.
Se trata de la causa que copó la agenda mediática durante los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal quien en ese entonces estaba al frente de la Provincia. De hecho, si bien la exgobernadora en un principio intentó despegarse de las acusaciones, terminó desplazando a la entonces secretaria de Legal y Técnica de su gestión, María Fernanda Inza.
Fue la jefa de campaña y persona de máxima confianza de Vidal quien pago las consecuencias del escándalo en ese momento por su rol como tesorera del PRO al frente del manejo de las cuentas del partido durante la campaña de 2017.
En concreto, se investiga si el entonces gobierno de Vidal inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes a la campaña electoral que Cambiemos realizó en la Provincia. Específicamnete para las listas de candidatos a legisladores que encabezaba Graciela Ocaña y el binomio integrado por Esteban Bullrich y Gladys González.
![Resolución judicial de Ramos Padilla.](https://lanoticia1cdn.eleco.com.ar/media/2024/12/resolucion_judicial_de_ramos_padilla.jpeg)
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En la resolución el juez federal remarcó: "Sin una rendición de cuentas transparente, principalmente en cuanto al origen de los fondos provenientes de donaciones privadas, es imposible saber si el financiamiento provino de una empresa determinada, de actividades de narcotráfico, de dinero vinculado a hechos de corrupción, actividades terroristas, u otra actividad vinculada con el crimen organizado”.
En esa línea, Ramos Padilla también aseguró que “implica el ocultamiento hacia la ciudadanía de los posibles compromisos que puedan haber generado los partidos y sus candidatos, en virtud del financiamiento brindado por determinadas empresas (…) o financiamiento prohibido vinculado a actos de corrupción, como el proveniente de empresas estatales, empresas concesionarias del Estado, donaciones de privados que superan los topes establecidos por la ley
¿Quiénes son los procesados y qué delitos se les imputa?
Se trata de Julián Vilche, Carla Silvia Chabán y Alfredo Gabriel Irigoin, responsables financieros de la alianza Cambiemos, y Mauricio Redigonda, apoderado. Todos ellos, están señalados con distintos niveles de responsabilidad por la maniobra en los que se insertaron "datos falsos en documentos públicos" de presuntos aportantes.
Los tres primeros fueron procesados por “falsedad ideológica de documento público” y “omisión dolosa de acreditación del origen de los fondos de campaña”, mientras que Redigonda fue procesado como coautor de la “falsedad ideológica”, y partícipe necesario del segundo delito.
Además, la justicia hace foco en el informe final de recursos y gastos de la alianza Cambiemos durante las elecciones 2017, donde encabezan la nómina bonaerense los dirigentes Esteban Bullrich y Gladys González y como primera candidata a diputada nacional a Graciela Ocaña.
La medida del Juez Ramos Padilla también incluye el embargo de bienes y aclara que “si no los aportasen o no los tuvieren, se dispondrá su inhibición general de bienes y se comunicará de ello a los organismos pertinentes”.
Al apoderado se ordena trabar un embargo hasta cubrir la suma de 30 millones de pesos. En tanto que Vilche debe completar 40 millones y Chabán e Irigoin la máxima cantidad fijada que es de 50 millones.
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