El bloque de diputados provinciales del Frente de Todos inició el pedido de juicio político al procurador bonaerense Julio Conte Grand, en el marco de una denuncia por el funcionamiento de "una mesa judicial".

"Hemos decidido avanzar como bloque en el pedido de juicio político al procurador Julio Conte Grand", anunció César Valicenti, presidente del bloque oficialista de Frente de Todos.

El legislador habló de una "mesa judicial" en la provincia de Buenos Aires en el gobierno de María Eugenia Vidal con "el fin último" de "disciplinar a la sociedad para que no tenga niveles de crítica contra ese modelo que se implementó en esos 4 años".

"Tenemos el deber de avanzar con este mecanismo que nos confiere la Constitución provincial y la ley 4.434 de Juicio político", indicó.

Conforme marca el inciso 2 del art. 73 de la Constitución  de la Provincia, es competencia de la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a distintos funcionarios provinciales por delitos en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.

Según la norma 4.434, "la Cámara de Diputados, al recibir denuncias sobre delitos o faltas cometidas por los funcionarios a que se refiere el artículo 60 inciso 2° de la Constitución, ya fueren hechas por particulares o presentadas por alguno de sus miembros, resolverá por el voto de la mayoría de los presentes, si se procede o no a la investigación" y agrega que "en caso afirmativo, designará una Comisión compuesta de cinco miembros, que se encargará de verificar la exactitud de los cargos formulados y dictaminar sobre la procedencia o improcedencia de la acusación".

En el texto expedido por los 43 legisladores del oficialismo, se detallan tres elementos salientes sobre este punto: “la pertenencia partidaria del Procurador General a la fuerza opositora Juntos y su subordinación funcional a los líderes de ese espacio político, expresadas en la foto tomada a Julio Conte Grand almorzando junto al ex Presidente Mauricio Macri el pasado 9 de diciembre; la manifiesta persecución judicial montada desde estructuras del Ministerio Público del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, sostenida e impulsada desde el orden nacional con instalaciones en territorio bonaerense y producción de inteligencia ilegal; y la efectiva instrumentalización del Ministerio Público bonaerense para llevar adelante un plan de persecución judicial a gremialistas, que dejó en evidencia el video que tomó estado público el pasado 27 de diciembre”.  

Valicenti estuvo acompañado por Rubén Eslaiman (Frente Renovador), el vicepresidente del bloque, y Susana González (Frente Grande). Eslaiman dijo que la decisión se tomó por unanimidad dentro del bloque de 43 diputados porque "decimos basta al espionaje" y el desempeño de Conte Grand "es incompatible con la autonomía de la institución", justificó. "Vamos a buscar los consensos políticos con el bloque opositor mayoritario", adelantó.

Los legisladores adelantaron que se pedirán oficios a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y se citará a declarar a dirigentes políticos, gremiales, funcionarios y ex funcionarios, entre ellos a Gabriel Vitale, Enrique Ferrari, Pablo y Hugo Moyano, Natalia Roussillon, Cristina Caamaño, Roberto Cipriano García, Gustavo Ferrari, Marcelo Villegas, Adrián Grassi, Julio Garro, Juan Sebastián De Stéfano y a Juan Pablo Allan.

“En nuestro carácter de representantes del pueblo de la provincia de Buenos Aires y tras haber tomado conocimiento de situaciones de inusitada gravedad institucional en las que incurrió el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia Julio Conte Grand, nuestra facultad se transforma en un imperativo legal y moral”, sostiene la argumentación que acompaña el pedido de los diputados del Frente de Todos.